En la reciente Junta de Accionistas en Madrid, Repsol se mantuvo firme en su postura de no aceptar responsabilidad legal por el derrame de petróleo de 2022 en Ventanilla, Perú, que vertió cerca de 12.000 barriles de hidrocarburos al mar, causando severos daños ambientales. El CEO de la compañía, Josu Jon Imaz, atribuyó el incidente al movimiento del buque italiano Mare Doricum, descartando una falla operacional de Repsol.
Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, defendió la gestión de la compañía insistiendo en que el derrame fue causado por el buque Mare Doricum y no por una negligencia directa de Repsol. Afirmó que la empresa ha invertido más de USD 300 millones en limpieza y compensaciones, aunque admitió que la responsabilidad legal podría corresponder a terceros.
RESPUESTAS PENDIENTES
A pesar del tiempo transcurrido, Repsol aún enfrenta críticas por no haber completado la remediación ambiental y por las compensaciones insuficientes a pescadores y las comunidades afectadas; así mismo, se le solicitó la publicación del informe de evaluación de impacto de los daños.
El viernes 10 de mayo, representantes de Oxfam Intermón, Greenpeace, y Finanzas con Derechos Perú intervinieron en la junta en Madrid para presionar por cumplimientos más efectivos. Según María Bardolet Dilme de Oxfam Intermón, más de 80 organizaciones y 1,600 individuos respaldaron las demandas presentadas a la petrolera.
Durante la junta, se plantearon preguntas sobre la falta de transparencia en la evaluación de impactos y las deficiencias en las compensaciones, especialmente en cómo estas últimas han afectado diferencialmente a las mujeres en las comunidades costeras.
Sin embargo, informes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Defensoría del Pueblo indican que los hidrocarburos persisten en la zona y que la rehabilitación ambiental no ha comenzado efectivamente. Además, aunque el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha calificado la compensación a los pescadores como generosa, las partes afectadas la consideran insuficiente.
Las organizaciones han enviado una carta abierta a Repsol exigiendo más claridad y justicia en los informes de impacto y las compensaciones, y una mayor diligencia en la implementación de planes de remediación ambiental. La comunidad internacional y las partes interesadas siguen de cerca la respuesta de Repsol, esperando acciones concretas y mejoras en las políticas de derechos humanos y debida diligencia de la compañía.
APELÓ A MULTAS
La firma de abogados británica Pogust Goodhead ha presentado una demanda judicial contra Repsol por el derrame de petróleo en el mar peruano, y solicitó una indemnización de 1.200 millones de dólares en libras esterlinas. La demanda busca compensar a unos 34.000 peruanos afectados en los distritos de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla.
Repsol ha respondido que la demanda carece de fundamento y ha sugerido que el caso debería ser tratado en Perú. Según el presidente del OEFA, Johnny Marchán, desde 2022 hasta la fecha, se han aplicado 28 medidas administrativas contra Repsol, algunas ya vencidas y otras en proceso, relacionadas con acciones como la limpieza continua de la zona.
Las multas impuestas ascienden a 400 UIT, equivalentes a S/2 millones 60 mil, además de los S/2,9 millones en multas coercitivas por el incumplimiento de otras siete medidas entre 2022 y 2023. Marchán también mencionó que el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA ha impuesto multas por un total de S/97 millones, la mayoría de las cuales han sido apeladas por Repsol ante el Poder Judicial.
