La renuncia inesperada de Walter Ortiz Acosta al cargo de ministro del Interior ha desencadenado un terremoto político que ha sacudido todo el panorama nacional. La anticipación por su participación en el Consejo de Estado Regional en San Borja, donde se esperaba su presencia junto a la presidenta Dina Boluarte y otros destacados miembros del Gabinete Ministerial bajo la dirección de Gustavo Adrianzén, se vio eclipsada por su ausencia. Este hecho ha sembrado dudas y especulaciones en torno a los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión abrupta, alimentando un clima de incertidumbre en la esfera política del país.
Este acontecimiento se da en un contexto turbulento marcado por una creciente controversia. Tan solo una semana atrás, el gobierno de Boluarte optó por desactivar el equipo especial de la Policía Nacional, que proporcionaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). La medida fue tomada justo antes de la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, respectivamente hermano y abogado de la mandataria, en el marco del Caso Los Waykis en la Sombra.
Acusaciones de encubrimiento y abuso de autoridad
Ortiz Acosta ha defendido con firmeza la disolución de este equipo especial, argumentando que su estructura presentaba irregularidades significativas y contravenía los principios fundamentales de la legalidad establecida.
Sin embargo, esta postura ha provocado una respuesta inmediata por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien ha anunciado el inicio de una investigación preliminar tanto contra Dina Boluarte como contra Ortiz Acosta. Ambos enfrentan acusaciones de posible encubrimiento personal y abuso de autoridad, lo que añade una capa adicional de tensión e incertidumbre al panorama político del país.
