Aunque existen voces discordantes, la política anticorrupción y el control disciplinario, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ha evidenciado un cambio en la estructura organizacional y funcional de los entes encargados de investigar para, eventualmente, sancionar las inconductas de fiscales, jueces y servidores.
Nos referimos a la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, a través de las leyes 30943 y 30944. Su puesta en funcionamiento es reciente, de modo que corresponderá en su día realizar los balances de la labor disciplinaria y su impacto en la administración de justicia.
Por otro lado, debe señalarse que el lugar que ocupa este objetivo prioritario dentro de la Política Pública N 7° no tiene nada que ver con su importancia. La corrupción es un fenómeno transversal cuyas nefastas consecuencias privan a la sociedad de elementales servicios y distorsionan radicalmente el mercado, poniendo en jaque al Estado en su conjunto.
Según la mencionada Política Pública, “la corrupción tiene un impacto directo sobre la vigencia de los derechos humanos… porque priva a las sociedades de recursos importantes y afecta el funcionamiento de las instituciones del Estado». Para muestra un dato extremadamente alarmante: “La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24,268 millones” [Plataforma digital de la Contraloría General de la República].
Pero no se trata de repetir que el mal de muchos es el consuelo de tontos. La estrategia interinstitucional ha incidido no solo en la creación de un nuevo órgano de persecución [ANC], sino también en fortalecer una política de transparencia que evita las cadenas de corrupción interna y genera legitimidad.
En ese sentido, cabe destacar la implementación de aplicativos informáticos. Por ejemplo, ya se realiza la publicación inmediata del sentido de la decisión de una resolución cuando esta es expedida, sea en órganos unipersonales o colegiados. También existe la plataforma de acceso a las resoluciones judiciales (casillero judicial) para potenciar igualmente la predictibilidad de las decisiones. Además, se cuenta con la implementación del ISO 37001 antisoborno; las políticas de protección de confidencialidad o denunciantes anónimos; y las buenas prácticas en materia de disciplina y control en el gasto público, entre otras medidas.
