La compra de 59 patrulleros por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante la gestión del alcalde José Ruiz, ha despertado una serie de dudas sobre la forma en la que se llevó este proceso, pues, según la Contraloría, hay indicios razonables de que en esta compra se favoreció a las empresas ganadoras: Autoshop Perú SAC y Hardtech Solutions SAC.
Según el informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 055-2023-2-0424-AC , el exsubgerente de Obras y Supervisión remitió al exgerente de Obras Públicas los pedidos de compra de dichos vehículos con especificaciones técnicas que no correspondían, ya que diferían con las consideradas en el expediente técnico aprobado el 28 de abril de 2022.
Esas especificaciones técnicas, que posteriormente fueron remitidas al exsubgerente de Abastecimiento para continuar con el procedimiento de selección, modificaban las dimensiones (ancho – altura) y peso, motor y transmisión, carrocería, equipamiento interior y exterior de los vehículos, con lo cual se excluyó la participación de dos empresas concesionarias que comercializan determinadas marcas de vehículos.
La empresa ganadora de la licitación de los 59 automóviles fue Autoshop Perú S.A.C. (Volkswagen) por un valor de S/ 3 millones 728 mil 800, mientras HardTech Solutions ganó lo referente al equipamiento de los vehículos (Radio base tetra, sirena y circulina) por un valor de S/ 1 millón 169 mil 860.
ESPECIFICACIONES CAMBIADAS
El 25 de julio de 2022, el Comité de Selección declaró desierta la licitación pública porque la única oferta presentada no cumplió con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, ni la garantía y requisitos contemplados en las bases integradas; por lo que la segunda convocatoria se efectuó siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada y agregándose el requerimiento (por separado) de equipamiento para los 59 vehículos (circulinas, pato sirenas y radios base).
La entidad fiscalizadora corroboró, en esa etapa, el exsubgerente de Obras y Supervisión modificó (sin sustento) las especificaciones técnicas en este segundo procedimiento de selección, en lo concerniente al tipo de modelo del vehículo, a las medidas de los aros y neumáticos, en el plazo de entrega y en el equipamiento exterior y de seguridad obligatorio que fueron reducidos.
También verificó, a través de la pericia de un especialista en ingeniería mecánica, que solo una marca de vehículo (Wolkswagen, que ofertaba Autoshop Perú S.A.C.) cumplía con todas las especificaciones técnicas modificadas y que el exfuncionario en mención limitó la participación de proveedores de otras marcas, al no aceptar las modificaciones que solicitaron durante la etapa Absolución de Consultas y Observaciones.
Sin embargo, la solicitud de ampliar el plazo de entrega de las tarjetas de propiedad y placas de rodaje a no más de 30 días calendarios, a partir del día siguiente de la entrega de la documentación correspondiente y al pago del 100% de los vehículos, que según Registros Públicos es una condición no necesaria para la inmatriculación de los vehículos, sí fue acogida.
De acuerdo con le informe de la contraloría, lo citado líneas arriba fue presentado por la empresa concesionaria de la única marca que sí cumplía con todas las especificaciones técnicas modificadas, la cual ganó la buena pro a pesar de que su oferta no debía ser admitida, según esta entidad fiscalizadora superior porque no cumplía con el segundo requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave.
EQUIPAMIENTO, PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN
La oferta para el equipamiento de los vehículos de la empresa que ganó la buena pro, hecha por Hardtech Solutions, tampoco debió ser admitida porque incurrió en omisión de información consignada en formatos y declaraciones juradas que contienen el plazo ofertado, y que según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no es materia de subsanación.
Respecto a la conformidad de los 59 vehículos se halló que fue otorgada (por el gerente y subgerente de Seguridad Ciudadana, por el gerente de Obras Públicas y subgerente de Obras y Supervisión) contraviniendo lo dispuesto en el artículo 168 del antes citado reglamento, puesto que parte de las especificaciones técnicas (peso bruto, peso neto, cilindrada, potencia, torque, capacidad de tanque de combustible e inmovilizador de motor) fueron aceptadas con declaración jurada del proveedor.
Según las constancias de transferencias, el último pago efectuado a la empresa concesionaria se realizó el 23 de diciembre de 2022; por lo tanto, las tarjetas de propiedad y placas de rodaje de los 59 vehículos debieron ser entregadas el 22 de enero de 2023 más no el 13 de febrero y solo para 46 vehículos. Las 13 unidades restantes continuaron paralizadas por falta de documentos de circulación hasta abril último, según informe.
RESPONSABILIDAD PENAL
El informe de control posterior identificó presunta responsabilidad penal en los exgerentes Alejandro Mazuelo Ramos (Seguridad Ciudadana) y Juan Chávez Castañeda (Obras Públicas). También en los exsubgerentes Benigno Rodríguez Vílchez (Seguridad Ciudadana), Luis Arévalo del Castillo (Obras y Supervisión) y Emer Torres Vera (Abastecimiento). Además se responsabilizó a César Monja Soplopuco, quien cumplió la labor de primer miembro del comité de selección.
