Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte anunció un toque de queda en toda la provincia de Pataz (región La Libertad) que regirá diariamente de 18:00 a 06:00 horas. La medida excepcional se tomó tras confirmarse el hallazgo de 13 cuerpos sin vida de trabajadores mineros, quienes fueron secuestrados días antes en la zona.
Boluarte informó que las Fuerzas Armadas asumirán el control total de la concesión de la mina La Poderosa, y que se instalará una base militar permanente en el distrito de Pataz.
La mandataria vinculó estos actos violentos a un incremento de la “criminalidad organizada” y mencionó la necesidad de facultades legislativas especiales para enfrentar el “terrorismo urbano” que, según ella, azota las regiones con minería ilegal.
Medidas tras masacre en Pataz
En la misma declaración, la presidenta anunció además la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz por un periodo inicial de 30 días prorrogables.
Este cese temporal aplicará a las operaciones formales e informales de la zona, con el fin de facilitar el despliegue de la Policía Nacional y los militares en la región.
Durante estos 30 días se revisarán los registros de mineros informales (“Reinfo”) y se retirará a aquellos que estén en situación irregular. Las autoridades han indicado que esta pausa permitirá reforzar la seguridad en los centros mineros y garantizará la investigación y sanción de los responsables del ataque.
El operativo militar y policial responde directamente a la masacre ocurrida en Pataz. El 26 de abril un grupo armado tomó por sorpresa un campamento de la empresa R&R, vinculada a la minera Poderosa, y se llevó a 13 trabajadores. Según las fuentes oficiales, familiares de las víctimas perdieron contacto con ellos desde el 27 de abril, cuando los criminales exigieron un cuantioso rescate.
Finalmente, este domingo las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros dentro de un socavón en el lugar. El reporte oficial establece que fueron ejecutados por bandas de mineros ilegales y criminales que operan en la zona.
Abunda la desinformación
Los familiares de las víctimas exigieron respuestas claras. Varios deudos contaron que hasta el momento reciben información fragmentada: primero se enteraron de las muertes por otros trabajadores y parientes que llegaron a Pataz, antes que por parte del Estado. “Un muchacho que trabaja en la mina me dio la información de que los habían matado”, relató el padre de una de las víctimas. Otra mujer viajó desde Piura con la esperanza de encontrar con vida a su hijo, y lamentó que únicamente recibió noticias sobre su muerte a través de familiares y compañeros en Trujillo:
“Yo no tengo noticias de las autoridades, sino de los mismos familiares que están allá… Ellos nos informan que los cadáveres los van a traer en una camioneta”. En ambos casos, los familiares solicitaron ayuda oficial para el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen y denunciaron la demora en recibir apoyo logístico y humanitario.
Conmoción nacional
La tragedia en Pataz también desató una fuerte controversia política. Apenas unos días antes, el 30 de abril, el primer ministro Gustavo Adrianzén había negado públicamente que existiera denuncia alguna sobre un secuestro en esa provincia.
En una conferencia de prensa afirmó que “no hay ninguna denuncia hasta el momento” sobre desapariciones de mineros y que la minera Poderosa descartó que sus trabajadores estuvieran involucrados.
Tras confirmarse la masacre, sus declaraciones fueron duramente cuestionadas. Varios congresistas de oposición presentaron una moción de censura contra Adrianzén, acusándolo de “incapacidad” y de no asumir la responsabilidad política ante la ola de criminalidad que sufre el país.
La oposición señala que sus dichos iniciales agravaron la angustia de las familias y evidenciaron la falta de respuesta oportuna del Gobierno ante el crimen organizado en Pataz.
