En un contexto de crisis de representación nacional que afecta la sostenibilidad de las instituciones, particularmente privadas y la viabilidad de organizaciones de la sociedad civil, el Día Internacional de la Mujer nos invita a reflexionar sobre los logros alcanzados gracias a la lucha incansable de muchas mujeres, pero también sobre los retrocesos que enfrentamos, especialmente ante gobiernos con tendencias autoritarias.
Las actuales estadísticas revelan un panorama alarmante: el Perú es cada vez más inseguro para las mujeres. Cada hora, se registran 83 casos de violencia de género, y cada dos días, una mujer es asesinada simplemente por ser mujer. Además, 8 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Aunque representamos más del 50% de la población y más del 40% de la fuerza laboral, la igualdad de oportunidades en la participación en espacios de toma de decisiones sigue siendo una meta esquiva y significativamente distante de la realidad deseada.
La representación femenina en cargos de poder es desalentadora: solo 3(15.7%) de los 19 miembros del Consejo de ministros son mujeres, y a nivel regional, contamos con apenas 2 (8%) gobernadoras, a nivel provincial 10 (5.1%) alcaldesas provinciales de un total de 196. A nivel distrital, solo el 6.1% de los cargos son ocupados por mujeres (103), y en el Congreso, la representación femenina alcanza el 40%.
A pesar de avances recientes, como la paridad en las listas de partidos políticos, que permitió que el 70% de las candidaturas a vicegobernaciones fueran ocupadas por mujeres en las últimas elecciones subnacionales, el Congreso eliminó el 2024 la alternancia en la fórmula presidencial y la paridad horizontal en la elección de gobernadores/as, vicegobernadores/as y concejales regionales y municipales. Esta decisión representa el desmantelamiento de los avances logrados en el liderazgo político y el empoderamiento de la mujer; favoreciendo el reposicionamiento machista en la representación política nacional, regional y locales.
Tales retrocesos reflejan la resistencia a la igualdad de género en un contexto cultural tradicional, exacerbado por eventos políticos y sociales que han obstaculizado el progreso hacia una mayor inclusión de la mujer en la toma de decisiones.
La participación de las mujeres en cargos de poder es preocupante, y los múltiples acosos, amenazas y ataques físicos que enfrentan son una realidad. Este ambiente hostil no solo disuade la participación continua de las mujeres en la política, sino que también desalienta a futuras generaciones. En el sector privado, la situación no es mejor: solo el 26.8% de los puestos directivos son ocupados por mujeres (MIMP, 2023), debido a factores limitantes como la falta de políticas de cuidado adecuadas.
Otros obstáculos para el desarrollo de la mujer incluyen el acceso limitado a financiamiento para sus medios de vida, debido a la falta de garantías como títulos de propiedad a su nombre o disposición de activos, además de las brechas salariales (las mujeres ganan hasta 24% menos que los hombres en posiciones similares) y la impetuosa búsqueda desde el gobierno de la reducción de la educación en género, justificada por estereotipos. Recordemos que ya existe un proyecto de ley presentado al Congreso por una de sus integrantes, para eliminar el enfoque de género.
Las organizaciones que defendemos los derechos de la mujer también enfrentan agresiones y amenazas debido a las políticas anti-ONG promovidas por el Congreso, que buscan restringir derechos y manifestaciones. Además de ello, la intención de debilitar el Ministerio de la Mujer dificulta la implementación de leyes de protección para poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres; evidenciando la clara falta de compromiso político y la persistencia de una cultura machista, que impide la aplicación efectiva de las leyes, lo que desalienta la búsqueda de justicia, para ellas.
De otro lado, la violencia contra las mujeres se está convirtiendo en un recurso político, con impunidad en los órganos de gobierno, debilitando los mecanismos de protección. Esta situación contradice las recomendaciones de especialistas como Lee Bowen y Perpetua Lynne Nielsen, quienes señalan que los países con menos derechos para las mujeres son más inestables, conflictivos y pobres. La igualdad de género es fundamental para la seguridad nacional y la construcción de un mundo más pacífico y estable.
En conclusión, los retrocesos en el Perú son el resultado de crisis políticas, resistencia cultural e intereses de grupos antiderechos. Es crucial que el país retome el camino hacia la inclusión y la protección de los derechos de la mujer, garantizando su participación activa y equitativa en todos los niveles de decisión. Esto es un imperativo moral y una condición necesaria para el desarrollo sostenible y la justicia social.
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SOBRE EL RASTRO no se solidariza legalmente con las opiniones de nuestros columnista
