La crisis ambiental y climática que está atravesando nuestro país, con fuertes lluvias presentadas desde marzo, han arrastrado una serie de cuestionamientos sobre la actuación de las principales autoridades. ¿Se está haciendo lo suficiente para ayudar a los miles de damnificados?
Las críticas han llegado de todos lados. El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, se quejó de que no han recibido la asistencia adecuada por parte del Ejecutivo para atender las necesidades de los afectados en su ciudad, que ha quedado inundada en varios sectores, incluso varios que se ubican muy cerca del centro. Ante eso, Madrid y otras autoridades piuranas anunciaron un paro contra el Gobierno Nacional.
“Estamos de acuerdo con la sociedad civil. El paro se ejecutará el día 18 del mes en curso. Lo que queremos es que los 65 alcaldes participen, así como la sociedad civil, iglesias, colegios profesionales y la ciudadanía en pleno”, dijo Madrid.
El alcalde de la provincia de Morropón, Richard Baca Palacios, dijo que es hora de que Piura se una y pidan al gobierno que les preste la atención que se merecen. “Si a otras regiones les da, es porque reclaman, bloquean carreteras ¿Acaso quieren que eso hagamos?”, expresó.
Las autoridades locales decidieron convocar a una reunión para pedir una respuesta inmediata y acciones concretas sobre la situación en Piura, una de las provincias más afectadas por las lluvias incesantes que se prolongarán durante los próximos días.
De lo que se quejan las autoridades es que a inicios de marzo el Ejecutivo anuncíó que habían más de S/870 millones de presupuesto para atender las emergencias en Piura; sin embargo, hasta la fecha, ni el Gobierno Regional de Piura ni los municipios provinciales y distritales han recibido recursos.
Recién en la última visita, la presidenta Dina Boluarte con su primer ministro, Alberto Otárola, señalaron que transferirán S/500 millones. Este anuncio lo hacen varios días después de que las lluvias dejaran más de 64 mil personas afectadas y más de 24 mil viviendas con daños en todo Piura.
POSICIÓN DEL EJECUTIVO
Según el Decreto de urgencia 009-2023, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano Boletín de Normas Jurídicas, se autorizó un presupuesto de S/ 209 millones de soles, para apoyar a las distintas autoridades regionales y locales.
Con esta inversión, dice el Ejecutivo, los municipios podrán financiar acciones inmediatas para prevenir amenazas como consecuencias de peligros en emergencia o desastres de gran magnitud, cuando se presenten lluvias intensas y peligros relacionados en zonas donde se ha declarado el estado de emergencia, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
El pasado viernes 7 de abril, la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola; y los ministros de Defensa, Jorge Chávez; de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar; de Agricultura, Nelly Paredes, y el titular de Indeci, Carlos Yáñez Lazo, visitaron Piura en un operativo de vigilancia ante la emergencia.
Al recorrer las calles afectadas de la ciudad, Boluarte dijo que al llegar a Palacio de Gobierno se encontró con falta de maquinaria y tanques cisternas: “Lamentablemente este gobierno, que tiene tres meses recién, ha encontrado un estado desabastecido: no hay maquinaria, no hay motobombas, no hay tanques cisternas, no hay, no hay, no hay”, dijo.
Además, la mandataria se refirió a la respuesta del Ejecutivo por la emergencia en el norte. “Yo sé que están fastidiados, pero no es nuestra responsabilidad sacar el agua de un lado y luego llueve, al día siguiente llueve, y se vuelve a repetir la historia. No es responsabilidad del gobernador, de los alcaldes, ni la mía, ni de los ministros de que nos haya tocado la temporada del ciclón Yaku y que no deje llover”, expresó.
Sus palabras, como era de esperarse, no fueron bien recibidas por los afectados que han reclamado constantemente la presencia de las autoridades para enfrentar está crisis a consecuencias de las lluvias y desbordes de los ríos, y que ha dejado a toda una región con daños irremediables.
Cabe señalar que Piura, Lambayeque y Tumbes han sido declaradas emergencia de nivel 5, que se determina cuando el impacto, la escala y las condiciones del desastre superan o amenazan con superar la capacidad de respuesta nacional.
