La Asociación Peruana de Consultoría (APC), institución que agrupa a los especialistas de la ingeniería de consulta en el país, criticó los contratos Gobierno a Gobierno (G2G), debido a que la mayoría no cumplen con los cronogramas propuestos, son poco transparentes y constituyen una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República.
El presidente de la APC, Elías Tapia, dijo que muchos de estos contratos no han aportado la celeridad que se esperaba, y una demostración de ese desastre son las obras de reconstrucción de los daños causados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017, en donde en más de seis años no se han concluido las obras en el norte del país.
De hecho, la obra Solución Integral a las Quebradas San Ildefonso y San Carlos, en La Libertad, se ejecuta bajo esta modalidad contractual. El gobierno peruano suscribió un contrato con el gobierno del Reino Unido y este se encargó de convocar a un proceso de selección en el que se eligió al Consorcio Besalco Stracon. La obra está valorizada en más de S/363 millones.
Tapia comentó que con el mecanismo G2G se buscaba acelerar las grandes y más complejas obras que necesita el país y libre de corruptelas, pero los hechos –enfatizó– demuestran lo contrario,
Puso como ejemplo de ello el caso del grupo francés Egis, que –a través de sus filiales Egis Villes et Transports y Egis Perú– tiene a cargo el PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa.
Tapia manifestó que el gremio que él preside junto con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) están muy preocupados porque las empresas Egis Eau SAS y Egis International SAS, filiales del grupo Egis, fueron recientemente inhabilitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
“Además, el proyecto de la Nueva Carretera Central no está dando los resultados esperados. Han transcurrido 3 años y recién está por iniciarse el Estudio Definitivo de Ingeniería del proyecto cuyo trazo ha sido cuestionado y descalificado por el Colegio de Ingenieros del Perú”, añadió, tras señalar que debería ser revisado.
De otro lado, Elías Tapia denunció que los contratos Gobierno a Gobierno marginan –muchas veces– a los profesionales y a las empresas nacionales, lo que contraviene el Decreto Legislativo 1564, que establece que la elección de empresas internacionales solo procede cuando ello represente una ventaja considerable para el Perú y cuando se demuestre que en el mercado local no hay proveedores y contratistas para atender los requerimientos de los que son objeto.
Advirtió que la modalidad Gobierno a Gobierno ha pasado de ser excepcional a ser la regla general, como si fuera la solución a los problemas de falta de celeridad en las obras, “cuando relegan la ingeniería nacional, desconocen la geografía peruana y claramente se advierte que es una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República, y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”.
