Este 15 de octubre, las calles del Perú se preparan para lo que podría ser la marcha más grande del 2025. El grito es uno solo: la derogatoria de leyes que nos hunden en la inseguridad y el rechazo a un pacto de gobierno que parece mafia. La indignación tiene rostro, como el del actual presidente, designado desde el Congreso a pesar de una denuncia por violación sexual archivada hace apenas dos meses, un acto que normaliza lo inaceptable.
Y en una amarga ironía del calendario, mientras la indignación acapara los titulares, otra realidad, más silenciosa pero igual de urgente, el 15 de octubre, conmemoramos el día la mujer rural. Hoy, cuando uno de los reclamos centrales de la protesta es precisamente el fin de la normalización de la violencia y la inseguridad, es imperativo preguntarnos: ¿por qué la lucha de la mujer en el campo sigue siendo un grito ignorado?
Podría parecer que son dos luchas desconectadas —la del Congreso/Ejecutivo y la del campo—, pero en el fondo, son síntomas de la misma enfermedad: un sistema que invisibiliza y desprotege a sus ciudadanas.
Las cifras de un abandono estructural
Ser mujer y productora en el campo peruano es una carrera de obstáculos. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (2024), más del 31% de las unidades agropecuarias son conducidas por mujeres. Sin embargo, este liderazgo se enfrenta a barreras estructurales como la educación, por ejemplo: el 22.4% de mujeres no tiene educación formal, frente al 6.1% de hombres y apenas un 20% de mujeres ha concluido la secundaria, en comparación con el 35% de hombres.
A esta brecha educativa se suma la exclusión financiera. El acceso al crédito es una odisea, especialmente cuando la propiedad de la tierra —el principal aval— sigue siendo un derecho mayoritariamente masculino, que se refleja en el 21.1% de mujeres han solicitado algún tipo de crédito, frente al 78.9% de hombres. A esto se añade un fenómeno de vaciamiento: las áreas rurales envejecen, los y las jóvenes emigran buscando las oportunidades en ciudades “más desarrolladas”, y las desigualdades se profundizan.
La violencia que no cesa
Más allá de las barreras económicas, persiste una herida más profunda: la violencia. Las estadísticas de la ENDES (2024) muestra que históricamente, la violencia de pareja ha sido más alta en zonas rurales que en la media nacional. En regiones como Puno, por ejemplo, el 59.9% de las mujeres reportó haberla sufrido.
Aunque las dinámicas varían en cada territorio, no podríamos hablar de las mismas características en La Libertad y Loreto, por ejemplo, pero el patrón de desprotección es similar. Si bien en las comunidades rurales puede existir un mayor control social, también prevalece la desinformación sobre los servicios de ayuda y una naturalización de la violencia que silencia las denuncias. El mismo sistema que designa a nuestros gobernantes es el que abandona a las víctimas a su suerte.
Iniciativas que aportan
Frente a la inacción que muestra el gobierno, son organizaciones como CEDEPAS Norte, que desde su trabajo como ONG crea condiciones para transformar las relaciones de género y hacerlas más igualitarias. A través de iniciativas como «Mujeres Rurales, defensoras comunitarias», dónde se fortalecer capacidades de mujeres lideresas para promover el buen trato y actuar como primer frente de apoyo en casos de violencia familiar. Estas defensoras, que también reciben acompañamiento para mejorar sus emprendimientos y su autonomía económica, son la prueba de que el cambio es posible desde la base.
Actualmente, más de 20 defensorías comunitarias operan en la sierra de La Libertad, asesorando a sus pares y articulando con los Centros de Emergencia Mujer. Ellas son la primera línea de defensa donde el Estado no llega.
Un llamado a la acción inaplazable
Por eso, y por qué no basta que solo recordemos a veces, de esta problemática. Es imperativo que el estruendo de la ciudad se conecte con el silencio del campo.
- Exigimos que el gobierno reconozca el problema de la violencia de género, como problema público, y que ejecute planes y acciones concretas para reducirla y erradicarla.
- Demandamos la visibilización y priorización del rol de las mujeres rurales en todas las políticas públicas. Ellas son el pilar de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, y deben ser tratadas como tal.
- Requerimos una política de estado que empodere a las mujeres rurales y contribuya a un cambio social que transforme las relaciones de género en el campo.
- Necesitamos un compromiso real con la perspectiva de género de parte de todos los actores: gobierno, academia, empresa y sociedad civil. Esto incluye, de manera no negociable, el incremento de mujeres en puestos de toma de decisiones, no sólo en espacios públicos, sino también privados.
Que la marcha de hoy sea también una manifestación por estas problemáticas ignoradas, dónde se normaliza la violencia, buscando que se traduzca en un compromiso real, porque desde sus espacios se reducan estas brechas. Que el grito contra la impunidad no apague el eco de las voces del campo. Que la lucha por un país justo sea, de una vez por todas, una lucha por y para todas.
