La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de su alcalde Mario Reyna, expresó su preocupación por la forma en que Sedalib ha adjudicado obras valorizadas en más de 18 millones de soles sin pasar por procesos de licitación pública, lo que ha generado dudas respecto a la transparencia en el uso de los recursos de la empresa de saneamiento.
Durante una sesión del Concejo Municipal, el burgomaestre cuestionó que se hayan autorizado ocho contrataciones bajo la modalidad de exoneración, amparándose en el Decreto Supremo 033-2025-PCM, que declara emergencia por lluvias. Entre los proyectos figuran la construcción de un cerco perimétrico, la conexión de redes de agua y desagüe, y la demolición de un reservorio en Moche.
“Si bien la normativa permite contrataciones directas en emergencia, estas deben estar debidamente justificadas y ajustarse al marco legal. No todo puede incluirse bajo ese paraguas”, advirtió Reyna, quien recomendó al gerente general de Sedalib, Víctor Gutiérrez, buscar asesoría externa para evitar futuras responsabilidades legales.
En respuesta, Gutiérrez sostuvo que los procesos se realizaron conforme a la ley y que incluso contaron con acompañamiento de la Oficina de Control Interno. No obstante, reconoció que algunos documentos carecen de visado del área legal, lo cual incrementó las suspicacias.
El regidor Andrés Sánchez se sumó a las críticas y solicitó que Sedalib remita a los concejales los estudios técnicos y legales que sustentan cada una de las contrataciones, incluyendo los respectivos informes de evaluación de riesgos.
Cabe señalar que la comuna trujillana posee más del 85% de las acciones de Sedalib, por lo que la vigilancia del uso de fondos cobra especial relevancia. La preocupación gira en torno a que, más allá del marco de emergencia, algunas obras no tendrían relación directa con los efectos de las lluvias, lo que podría comprometer la legalidad de los procedimientos.
Las autoridades municipales anunciaron que harán un seguimiento detallado a estos procesos para garantizar que se respeten los principios de transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos.
