La gestión del ministro Santiváñez ha agravado la crisis de inseguridad, por lo que su salida es urgente. No solo no ha cortado con la tendencia de inseguridad creciente, sino que la ha agravado al favorecer a las organizaciones de extorsionadores y afines. Cabe destacar que, si el 2021 solo se contaron 4119 casos de extorsión, en el 2023, bajo el régimen de Dina Boluarte estos aumentaron a casi 20000, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación. También el 2023 el 60% de los integrantes de la Asociación de Bodegueros fue extorsionado y este 2024 este mal ha alcanzado al 40% de empresas de transporte urbano. En este año las extorsiones han pasado al ataque terrorista – una unidad de la empresa “Los Chinos” fue baleada el 21 de agosto, lo que llevó a que los 130 trabajadores de la empresa, que cuenta con cerca de 100 unidades operativas, decidieran no salir a trabajar – y al homicidio – el 28 de agosto en Comas un sicario asesinó a un conductor de la empresa ‘El Mandarino’ cuándo recogía pasajeros en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Revolución; también en agosto sicarios asesinaron a dos dirigentes de construcción civil.
En contraste, la Ley 27939 modificada por el Decreto Legislativo 1638 define la seguridad ciudadana como “la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia interpersonal y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional”. Conforme a esa normativa (artículo 3 A), el Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema nacional de seguridad ciudadana, por lo que la dirección y gestión de los servicios públicos relacionados, le corresponden a su titular, conforme al artículo 119 de la Constitución. Y en lo que va del período del ministro Santiváñez no sólo no ha tomado ninguna acción para garantizar el uso de los espacios públicos libre de miedos a los diversos tipos de criminalidad, sino que la inseguridad se ha incrementado por sus acciones dirigidas a debilitar a unidades especializadas de la Policía Nacional. Al respecto ha destacado su ataque a la DIVIAC para encubrir a la organización criminal “Los waykis en la sombra” y específicamente a Nicanor Boluarte, traficante de influencias para nombrar responsables de prefecturas, perjudicando el aporte que estas podrían hacer para la paz social. Pero también para bloquear investigaciones de corrupción que involucran a Dina Boluarte. Estas acciones que favorecen la extorsión, el sicariato y la corrupción se corresponden con la no observación de las leyes de la mayoría congresal que han excluido esos delitos, de un total de 59, de ser considerados organización criminal, que han entorpecido los allanamientos y que han reducido los plazos para la colaboración eficaz.
Junto con debilitar las capacidades de combate a extorsionadores, Santiváñez ha continuado con el aumento del presupuesto de la Policía Nacional para reprimir a las personas que se oponen al régimen: el rubro «Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público» se incrementó en S/92 millones respecto del año pasado, alcanzando los 635.1 millones de soles. Como referencia tenemos que para combatir la minería ilegal se ha destinado S/47,6 millones. Cabe indicar que el 2023 el dinero para la represión social ya había crecido en S/79.3 millones respecto del año anterior.
En suma, las acciones del ministro contradicen sus deberes legales respecto de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia. Su salida inmediata es imperativa. Quien lo reemplace tendrá que iniciar la recuperación de las capacidades de la Policía Nacional, tanto de unidades especializadas como la DIVIAC, como de las que están cerca a las personas víctimas de extorsionadores y la violencia delincuencial. Y empezar a coordinar fluidamente con otras entidades con competencias en favor de la protección de las personas y las comunidades. Para ello contará con un amplio marco normativo, diagnósticos precisos y experiencias exitosas nacionales e internacionales. A modo de ejemplo, en Colombia se han generado Grupos Unificados para la Libertad Personal, con capacidades de investigación coordinadas con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en la medida en que las extorsiones requieren ser combatidas como parte de economías criminales. Las decisiones que podrían liberarnos de las extorsiones requieren de un nuevo liderazgo; y este vendrá si nosotros y nosotras nos sumamos al pedido de un cambio radical en la conducción del sector Interior.
___________________
SOBRE EL RASTRO no se solidariza legalmente con las opiniones de nuestros columnista
