El denominado «Caso Cócteles», uno de los procesos judiciales más mediáticos y complejos de la última década en la política peruana, comenzó hoy. El Poder Judicial inició el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 acusados por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales.
La fiscalía sindica a la lideresa de Fuerza Popular de liderar una organización criminal que habría lavado más de 17 millones de dólares y 18 millones de soles, principalmente a través de las campañas electorales en 2011 y 2016. En el marco de su acusación, el fiscal José Domingo Pérez solicita una condena de 30 años y 10 meses, además de una inhabilitación de 15 años y 5 meses. Por otro lado, la Procuraduría contra el lavado de activos propone una reparación civil completa de S/ 151′063,509.84.
El juicio está a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), presidido por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias. Uno de ellos fue designado como director de debates, encargado de liderar las sesiones y elaborar el proyecto de sentencia.
Desarrollo del juicio contra Keiko Fujimori
Antes de entrar en los argumentos de las partes y de proceder con la evaluación de las pruebas, la primera sesión se centró en debatir si el juicio debía proceder. Varias defensas, incluida la de Keiko Fujimori, presentaron recursos que podrían impedir la instalación del juicio o hacer retroceder el caso a la etapa anterior, el control de acusación.
El tribunal decidió proceder con el juicio, tras lo cual la fiscalía presentó sus alegatos iniciales, resumiendo la acusación y solicitando las penas para todos los acusados. Posteriormente, la Procuraduría de Lavado de Activos y las defensas también presentaron sus argumentos. Después de estas etapas se iniciaron los interrogatorios a testigos y la evaluación de las pruebas.
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, cuestionó tanto el fondo como la forma de la acusación fiscal, argumentando que se presentó abruptamente durante la campaña electoral de 2021, con diligencias pendientes y defectos en el auto de enjuiciamiento emitido en diciembre de 2023.
Loza también destacó la extensión y complejidad del expediente judicial, que incluye 785 tomos con más de 1300 páginas, algunas de ellas ilegibles, notificadas recientemente. A pesar de estas complicaciones, aseguró que Keiko Fujimori se presentó a la audiencia de instalación del juicio, y expresó la necesidad de que el proceso se realizara correctamente para evitar futuras nulidades.
En cuanto al fondo de la acusación, Loza argumentó que la fiscalía no había logrado demostrar el lavado de activos, especialmente porque los supuestos aportes de empresarios peruanos fueron de fuente lícita según la propia fiscalía. Sobre el aporte de Odebrecht, mencionó que Jorge Barata había declarado que no tenía conocimiento de que el dinero hubiera ingresado al partido.
Juicio complejo
El juicio se anticipa largo y complejo, con una lista de 1031 testigos por parte de la fiscalía y 91 por la defensa de Keiko Fujimori, así como miles de pruebas documentales. La duración del juicio dependerá de la frecuencia de las audiencias programadas por el juzgado.
En el contexto del juicio, también se ha planteado la posible exclusión del fiscal José Domingo Pérez del caso, solicitud que ha generado controversia y está pendiente de resolución por parte de una fiscalía suprema.
