El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha programado para el 24 de junio, a las 3 de la tarde, bajo la dirección de la jueza Ingrid Pajares Acosta, la audiencia por el proceso judicial que enfrenta el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, por el presunto delito de difamación en agravio del exdirector de las huacas del Sol y la Luna, Ricardo Morales.
Esta programación se da después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la misma corte rechazará la solicitud de recusación presentada por la defensa legal de Fernández en contra de la jueza Pajares.
La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, de acuerdo con las medidas establecidas en la resolución N°47 emitida por el juzgado. En esta resolución se enfatiza que la ausencia de Fernández en la conexión virtual será considerada como rebeldía, lo que resultará en su declaración como reo contumaz.
Además, se dictará una orden de conducción coercitiva para que comparezca ante la instancia judicial correspondiente. Es esencial subrayar que el inicio de este juicio oral ha experimentado múltiples retrasos, lo que ha generado una prolongada espera en el desarrollo del proceso judicial. Este último anuncio marca un avance significativo en el camino hacia la resolución de este caso de relevancia pública en la región.
Acusaciones y disputas entre Fernández y Ríos Tiravanti
Por otro lado, el ex alcalde suspendido de Trujillo se encuentra inmerso en su tercer juicio por difamación, esta vez ante el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo. El denunciante, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Augusto Ríos Tiravanti, busca una condena de tres años de prisión y una indemnización de S/ 250 mil como reparación civil.
El conflicto se originó por las acusaciones de Fernández contra Ríos Tiravanti, a quien asoció con posibles irregularidades y hasta acusó de pertenecer a una organización de tráfico de terrenos. Las disputas se intensificaron cuando Fernández lanzó acusaciones en su contra a través de redes sociales, desencadenando acciones legales y alimentando la atención pública y judicial en la región.
