El abogado Marcos Rivero recientemente presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la investigación preliminar abierta contra la presidenta Dina Boluarte en el conocido ‘Caso Rolex’. El recurso cuestiona la legalidad del procedimiento adoptado por la Fiscalía de la Nación, argumentando que se requería una previa denuncia constitucional y autorización del Congreso antes de proceder con cualquier acción investigativa, incluyendo el allanamiento de su domicilio.
Según los documentos, la defensa de Boluarte alega que el fiscal de la Nación actuó sin el respaldo del Congreso, lo que violaría el artículo 450 del Nuevo Código Procesal Penal. Este estipula que una denuncia constitucional debe preceder cualquier investigación a un mandatario en ejercicio.
La controversia se intensifica con la presentación de una demanda competencial por parte del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, buscando proteger a la mandataria de investigaciones durante su mandato. La demanda competencial, así como la iniciada por Rivero, será revisada por el Pleno del TC en los próximos días.
LEGITIMIDAD DEL FISCAL DE LA NACIÓN
Adicionalmente, la defensa cuestiona la legitimidad del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, porque es «interino» y no juró su cargo ante el presidente de la República, como lo exige la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El debate se extiende al ámbito del derecho procesal y la protección de la intimidad, ya que Rivero argumenta que el allanamiento al domicilio de Boluarte, realizado sin la presencia del fiscal de la Nación, viola los derechos de la mandataria. Además, señala que las acciones llevadas a cabo por fiscales de rango inferior podrían afectar indirectamente su libertad personal.
DECISIÓN PENDIENTE
El TC deberá decidir si estos argumentos son suficientes para anular la investigación que también incluye acusaciones por enriquecimiento ilícito y omisiones en documentos oficiales, relacionadas con la aceptación y uso de artículos de lujo.
La situación legal de la presidenta continúa evolucionando, con implicaciones significativas para la estabilidad política del país.
