En aplicación de la Ley 32330, vigente desde el 10 de mayo, un total de ocho adolescentes, de entre 16 y 17 años, han sido enviados al penal El Milagro, ubicado en la provincia de Trujillo, región La Libertad. La norma modifica los códigos Penal y de Responsabilidad Penal Adolescente, permitiendo que menores infractores sean internados en penales para adultos.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por esta medida. Maricarmen Olórtegui, representante de dicha entidad en La Libertad, enfatizó que los adolescentes deberían ser derivados a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo para su resocialización, y no directamente a prisiones.
«No buscamos eximirlos de la culpa o responsabilidad, sino hacer ver que ese no es el lugar para ellos para la resocialización», afirmó.
Remarcó que la Defensoría del Pueblo ya ha presentado un proceso de inconstitucionalidad y un Habeas Corpus en favor de estos menores, esperando una pronta respuesta judicial.
La Ley 32330 y su impacto
Olórtegui señaló que, a pesar de llevar un mes y medio en vigencia, la Ley 32330 no ha logrado frenar la delincuencia juvenil. Como prueba de ello, mencionó que 409 menores han sido intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) por diversos delitos, incluyendo la extorsión.
Hacinamiento crítico y falta de recursos
La funcionaria de la Defensoría del Pueblo mencionó que, de los ocho menores enviados a prisión, siete son varones y una mujer, provenientes de Trujillo, Julcán, Virú y Paiján. La mayoría está allí por el delito de extorsión.
Alertó que las condiciones en las que se encuentran presos estos adolescentes no son las adecuadas, debido al hacinamiento extremo en los centros de reclusión y las severas limitaciones presupuestarias que impiden una verdadera resocialización.
Refirió que actualmente el penal El Milagro, diseñado para 1,600 internos, alberga a 6,243 reclusos; el penal de mujeres, con una capacidad para 299 personas, tiene 568 féminas; mientras que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, con espacio para 105 adolescentes, alberga a 234, y más del 60% de ellos ya son mayores de edad.
«Lamentablemente, en nuestra región hay hacinamiento y no hay la atención debida, es decir, falta atención del Estado», lamentó Olórtegui. Subrayó la urgencia de priorizar la prevención y la atención inmediata a los adolescentes. Adviertió que, sin una resocialización adecuada y con pensamientos antisociales, estos jóvenes podrían convertirse en «futuros sicarios o cabecillas de bandas» al salir de prisión.
Vulnerabilidad extrema
Un factor crucial que la Defensoría pide considerar es el alto grado de vulnerabilidad de estos adolescentes. Todos provienen de hogares disfuncionales y enfrentan serias limitaciones económicas que les impiden acceder a la educación. Además, al menos cuatro de los ocho recluidos tienen o han tenido algún familiar en prisión, lo que subraya la necesidad de un enfoque más comprensivo y de apoyo para estos jóvenes.
