La millonaria obra del corredor vial Trujillo-Huanchaco, uno de las obras emblemáticas de la gestión de César Acuña Peralta, se encuentra paralizada. En estos trabajos, el Gobierno Regional de La Libertad está invirtiendo más de 121 millones soles, para mejorar y ampliar la vía que une el tradicional balneario con el ciudad de Trujillo. Es una obra necesaria. Lleva décadas en muy mal estado. Sin embargo, en su corto tiempo, el proyecto ya ha enfrentado varios tropiezos al punto de quedar paralizada, con la anulación del contrato al consorcio Vías Huanchaco.
Según Martín Namay, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, la suspensión no responde a recientes cuestionamientos hechos por la contraloría y las revelaciones de varios medios de comunicación. Inicialmente, la obra fue cuestionada la contraloría, que afirmó que señaló el vaciado de concreto se realizaba con una máquina mezcladora y no con una pavimentadora, como exige el expediente técnico.
A estos cuestionamientos le vino uno más grave. Un dominical reveló que una de las empresas del Consorcio Vías Huanchaco es LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., a nombre de Lucero Coca-Condori, una joven estudiante de 23 años, sin experiencia en la construcción de este tipo de vías. Extrañamente, esta empresa tenía el 90% de responsabilidades en la obra, pese no contar con experiencia. Muy raro.
¿Por qué anularon el contrato?
Finalmente, el contrato con este consorcio se anuló. Sin embargo, Namay explica que las razones no responden a lo señalado hasta aquí, sino a que en la revisión posterior de la Gerencia de Contrataciones, que evidenció documentos inexactos y el incumplimiento del artículo 44 de la Ley de Contrataciones anterior, vigente hasta el 26 de abril de este año. «Este control garantiza que la obra no corra riesgos por profesionales que carezcan de la especialidad requerida; por ejemplo, un especialista estructural sin certificados adecuados podría comprometer la seguridad del proyecto». afirmó.
Según Namay, la decisión de declarar nulo el contrato es responsable y busca proteger la obra. La empresa tiene cinco días, desde la notificación notarial recibida en su oficina en Chiclayo, para constatar el avance físico de la obra, y 30 días para pronunciarse sobre la liquidación de su trabajo.
Posteriormente, el gobierno regional evaluará el saldo de la obra y decidirá si la ejecución se divide en etapas: primero el pavimento y luego el bypass, lo que permitiría completar el proyecto en aproximadamente un año. En comparación, el contrato original, firmado en marzo, se proyectaba la culminación recién para abril de 2027.
¿Qué pasará con la obra?
Mientras se define el nuevo contrato, la transitabilidad en la vía será controlada temporalmente por personal del gobierno regional. Namay aclaró que no se trata de adelantos directos de dinero a la empresa, sino de desembolsos controlados desde un fideicomiso, según los requerimientos autorizados por la Gerencia de Infraestructura.
Actualmente, el avance físico de la obra es mínimo, aproximadamente entre 4% y 5%, y la empresa que ejecuta esta vía también tiene a su cargo el Hospital de Virú, lo que requiere evaluar su capacidad para continuar con ambos proyectos. Namay destacó que sanciones a la empresa en otros contratos estatales no afectan la ejecución de esta obra en particular.
Esta es la situación de la obra emblemática de la gestión de César Acuña Peralta, un proyecto que lo anunció como uno de sus mayores contribuiciones a la ciudad, pero que hoy enfrenta sospechas de corrupción e ineficiencia de sus funcionarios que no pudieron detectar que el consorcio incumplía los criterios para hacerle con esta millonaria licitación.
