Ante la posible vacancia de Dina Boluarte por el Congreso, el Perú enfrentaría una situación política inédita: no hay vicepresidentes en ejercicio que puedan asumir la jefatura del Estado. La línea de sucesión presidencial está vacía desde hace tiempo. El cargo de Primer Vicepresidente quedó libre cuando la propia Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022. Y el segundo cargo vicepresidencial está vacante desde 2020. Ante este escenario, la Constitución peruana establece un camino claro pero políticamente delicado
Lo que dice la Constitución
De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, si el presidente de la República y sus vicepresidentes están impedidos de ejercer el cargo —como en un caso de vacancia—, el mando recae directamente en el presidente del Congreso. Esa persona asume la presidencia de la República y tiene la obligación de convocar a elecciones generales.
En el caso actual, los comicios ya fueron convocados para abril de 2026 por la propia Boluarte, lo que significa que el mandatario interino tendría que garantizar la continuidad del proceso electoral y la transición democrática.
José Jerí, el hombre que podría gobernar el país
El actual presidente del Congreso es José Jerí Oré, legislador de la bancada Somos Perú, elegido para liderar la Mesa Directiva en el último año del periodo parlamentario 2021-2026.
De producirse la vacancia de Boluarte, Jerí asumiría automáticamente la presidencia de la República, concentrando a la vez el cargo de jefe del Estado y presidente del Legislativo.
Sin embargo, existe una posibilidad adicional: Jerí podría renunciar al cargo, lo que obligaría al Congreso a elegir una nueva Mesa Directiva. En ese caso, el nuevo titular del Parlamento sería quien asuma la presidencia del país hasta las elecciones de abril de 2026.
Un perfil con luces y sombras
La carrera política de José Jerí ha estado marcada por alianzas estratégicas dentro del Parlamento y por controversias judiciales.
En diciembre de 2022, Jerí votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, y posteriormente respaldó al gobierno de Dina Boluarte, siendo señalado como uno de los congresistas que promovió el archivo de las investigaciones fiscales en su contra.
En enero de 2025, su nombre volvió a los titulares. La Fiscalía Suprema de Familia abrió una investigación preliminar por presunta violación sexual, tras una denuncia por hechos ocurridos en diciembre de 2024.
El parlamentario negó las acusaciones y ofreció su colaboración con las autoridades. Su partido, Somos Perú, suspendió su militancia mientras duraba el proceso. En agosto de 2025, la Fiscalía archivó la investigación por falta de pruebas.
Un nuevo capítulo en la crisis política peruana
La eventual salida de Dina Boluarte abriría un nuevo capítulo en la inestabilidad política que arrastra el Perú desde hace varios años. Con la ausencia de vicepresidentes y el Congreso como poder de reemplazo, el país volvería a tener un presidente interino no elegido por voto popular.
Aunque el mecanismo de sucesión está previsto en la Constitución, la legitimidad política del eventual mandatario estaría bajo constante cuestionamiento, especialmente en un contexto de desconfianza hacia el Parlamento.
De confirmarse la vacancia, el Perú entraría en una etapa de transición liderada por una figura congresal, con el desafío de mantener la gobernabilidad hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
