El Ejecutivo dispuso extender por dos meses el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, a partir del próximo 7 de agosto, debido a la persistencia de amenazas contra la seguridad interna atribuidas a redes criminales ligadas a la minería ilegal.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 101-2025-PCM, publicado este jueves en el diario El Peruano. Durante este nuevo periodo, el control del orden interno continuará a cargo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de contener los actos delictivos que se desarrollan en diversas zonas de esta provincia andina.
Entre las disposiciones vigentes se mantiene la inmovilización obligatoria nocturna en el distrito de Pataz, que regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los días, salvo excepciones específicas. Esta restricción aplica tanto para peatones como para vehículos, aunque trabajadores de servicios esenciales —como salud, seguridad, energía, telecomunicaciones y limpieza— estarán exentos.
El Gobierno argumentó que la extensión de la medida busca frenar el avance de bandas organizadas, responsables de una creciente ola de violencia, especialmente en zonas de explotación minera no autorizada. En los últimos meses, se han ejecutado más de 1,140 operativos en la zona, según cifras oficiales, y las acciones de interdicción han generado pérdidas superiores a los 190 millones de soles para las organizaciones delictivas, según reportó el Ministerio de Defensa.
También se han establecido nuevos puntos de vigilancia en zonas estratégicas como Calquiche, Shicun y Pamparacra, con el fin de cortar rutas de abastecimiento utilizadas por estas mafias.
Además del toque de queda, se mantienen suspendidos derechos constitucionales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Esto permitirá a las fuerzas del orden ingresar a inmuebles o intervenir en zonas específicas cuando lo consideren necesario para realizar acciones de control.
Tras este nuevo plazo de 60 días, el Ejecutivo evaluará la situación en la provincia para determinar si se requiere una nueva prórroga o la aplicación de otras medidas.
