Durante las últimas semanas, los transportistas de Trujillo anunciaron que paralizarían sus actividades el 12 de noviembre para reclamarle al gobierno por el fracaso de sus estrategias en la lucha contra la inseguridad ciudadana, lo que se ve reflejado en el aumento de las extorsiones, de crímenes y de robos violentos, incluso en zonas en donde antes los ciudadanos creían estar seguros, libres de los delincuentes.
Aunque llevaban varios días anunciando la protesta, en las últimas horas se conoció que un grupo de transportistas tomaron la decisión de suspender el paro. Este hecho lo confirmaron sus dirigentes y el Gobierno Regional de La Libertad. ¿Por qué estos grupos transportistas de Trujillo suspendieron esta nueva protesta?
Eran más de 18 mil transportistas de Trujillo los que tenían previsto acatar el paro el 12 de noviembre, pero un día antes el presidente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad, (Astrell), Carlos Guerra Alva, y otros dirigentes participaron en una mesa de diálogo con el gobernador regional César Acuña Peralta; el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP José Zavala; y otras autoridades.
Tras la reunión, tanto el GORE La Libertad como el dirigente Carlos Guerra confirmaron que se tomó la decisión de suspender el paro, porque se firmó un documento en el que Acuña Peralta enumera las inversiones que su gestión hará en seguridad como la compra de 100 patrulleros y 100 motocicletas, 235 equipos de radio portátiles TETRA para las comisarías en la región, alarmas, y la implementación del laboratorio de criminalistica y la instalación de una base permanente de la Dinoes.
Si bien esos anuncios del GORE La Libertad no son nuevos –ya se vienen realizando desde hace varias semanas y meses–, la firma del documento de compromiso del gobernador César Acuña convenció a los dirigentes de la Astrell para desistir de la paralización por las fechas de cumplimiento de esas medidas.
En una nota de prensa, el GORE La Libertad informó que hay un plazo de 6 meses para ejecutar las inversiones señaladas. Guerra Alva explicó que, tras la reunión sostenida entre los gremios de transportistas, se acordó conformar comisiones de fiscalización para asegurar que los compromisos adquiridos por las autoridades se cumplan en el plazo establecido.
“Se ha presentado un pliego de reclamos y, a medida que hemos visto que se está atendiendo, no podemos ser irresponsables. Si nos están haciendo caso en lo que pedimos, no podemos desconocer el trabajo que se viene realizando con el Ejecutivo. Entramos a una mesa de diálogo”, sostuvo.
Guerra Alva indicó que ya se han fijado plazos para la implementación de varias de estas medidas. “Se han establecido plazos en cuanto a la implementación del laboratorio de criminalística y la compra de equipos de geolocalización, que deberán ser manejados por la Policía. Esto permitirá interceptar las llamadas extorsivas, y se tiene previsto que se pueda atender esta solicitud entre cuatro y cinco meses”, aseguró.
