La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró improcedente el requerimiento del Ministerio Público para prorrogar la investigación preparatoria por un plazo de 10 meses en el caso denominado «Club de la Construcción».
De acuerdo con el Poder Judicial, el recurso de apelación de la Fiscalía fue declarado infundado ya que «según nuestro ordenamiento jurídico no procede una segunda prórroga del plazo de investigación preparatoria». Además, señaló que en julio de 2021 ya se había concedido una prórroga por 24 meses.
«Se ha llegado a determinar que en nuestro sistema jurídico procesal no procede una segunda prórroga del plazo de investigación preparatoria como se sostiene en la resolución impugnada. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución venida en grado que declaró improcedente el requerimiento fiscal de prórroga de la investigación preparatoria por 10 meses adicionales», indica la resolución.
El documento sostiene que, de aceptar una segunda prórroga, se afectaría el derecho a la garantía del plazo razonable que le asiste a todo investigado dentro de un debido proceso penal.
Además, recordó que cuando se solicitó y autorizó la prórroga de la investigación preparatoria por 24 meses adicionales, se determinó que en ese plazo debía completarse las diligencias fundamentales de cargo, programadas por el titular de la acción penal.
CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
Según la investigación fiscal, un grupo de empresas constructoras en el Perú habrían sostenido reuniones periódicas para pactar la distribución de las principales obras viales del país que eran ejecutadas por Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Estas juntas fueron reportadas por un colaborador eficaz y posteriormente corroboradas por el Ministerio Público durante la investigación realizada en el marco del caso de corrupción Lava Jato.
Los encuentros habrían contado con la presencia de representantes de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, OAS, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, JJC, Obrainsa, Queiroz Galvao, Cosapi y Málaga Hermanos, entre otras firmas investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.
