El escándalo de corrupción que sacude al Ministerio Público tiene a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el centro de todas las sospechas. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado un impedimento de salida del país para Benavides, quien ya enfrentaba acusaciones por su presunta participación en una red criminal dentro de la institución. Esta solicitud se da tras las recientes detenciones de varios implicados, entre ellos Miguel Girao Isidro, Abel Hurtado Espinoza, y José Luis Castillo Alva, quienes se cree que formaban parte de la red de influencias de Benavides. ¿Qué rol cumplieron ellos en la presunta organización y qué consecuencias tendrá para la exfiscal? Conoce todos los detalles en este informe.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado que se le impida salir del país a Benavides. Esta solicitud se presentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el contexto de las investigaciones en curso contra la exjefa del Ministerio Público. El pedido se basa en el riesgo procesal debido a su presunta participación en una organización criminal. Según el Ministerio Público, este requerimiento ha sido respaldado con numerosos elementos de prueba presentados ante la autoridad judicial.
Este pedido ocurre luego de que fiscales del Equipo Especial Contra el Crimen Organizado (Eficcop), dirigido por Marita Barreto, arrestaran a siete personas en una operación que comenzó en la madrugada del martes 23 de abril, llamada «Valkiria XI», dirigida contra individuos relacionados con el círculo de confianza de Patricia Benavides.
En total, 23 fiscales con el apoyo de más de 100 policías llevaron a cabo estas detenciones, así como el registro de unas 21 viviendas en los distritos de San Miguel, Miraflores, Lince, Santiago de Surco, Barranco, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima. Los detenidos son Miguel Ángel Girao Isidro (36), Abel Hurtado Espinoza (41), José Luis Castillo Alva (50), Giancarlo Valer Enciso (43), Jorge Luis Palomino Quesada (43), Mirtha Cristina Gonzales Yep (54) y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho (35).
OPERACIÓN CONTRA PATRICIA BENAVIDES
La operación «Valkiria XI» fue una acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, que se llevó a cabo con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal vinculada al círculo de confianza de la fiscal suspendida Patricia Benavides. Según las autoridades, esta organización estaría involucrada en diversos delitos, incluyendo corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos.
Estos son los descargos de Patricia Benavides tras el pedido de impedimento de salida del país en su contra. https://t.co/CVKJ0Nxnik
— SOBRE EL RASTRO (@Sobre_el_Rastro) April 24, 2024
Durante la operación, además de las detenciones mencionadas anteriormente, se realizaron múltiples allanamientos en diferentes ubicaciones de Lima. Se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otras pruebas que podrían ser relevantes para la investigación en curso.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
En la resolución judicial que autorizó las detenciones y el allanamiento se señala que Benavides habría utilizado el poder constitucional de la persecución penal para beneficio personal, generando ganancias ilícitas a través de actividades corruptas.
Además, la investigación fiscal sugiere que la red criminal habría manipulado contrataciones públicas por más de S/7,5 millones, con «toda la cúpula recibiendo dinero que habría llegado incluso a manos de Benavides».
En un video publicado en X (anteriormente Twitter), la exfiscal de la Nación criticó la operación en contra de sus principales asesores. «Rechazo la manipulación evidente de montar un escenario con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y forzar la injusta destitución [en la Junta Nacional de Justicia] a pesar de la falta de pruebas en mi contra», declaró.
¿QUÉ ROL CUMPLIERON LOS DETENIDOS?
Esto es lo que se conoce sobre los siete detenidos en la operación Valkiria XI y el rol que habrían cumplido en la presunta organización criminal encabezada por el exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
- Miguel Girao Isidro fue nombrado asesor en el Ministerio Público en julio de 2022, pero su cargo como «gerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación» fue cuestionado y se determinó que no existía según el Reglamento de Organización y Funciones. Se le identifica como un operador político encubierto, especialmente ante congresistas, para proteger el poder de Patricia Benavides. Girao fue parte de reuniones con congresistas clave y estuvo presente en una reunión de emergencia convocada por Benavides en noviembre de 2023.
- Abel Hurtado Espinoza, otro asesor cercano a Benavides, también tuvo un cargo cuestionado en el Ministerio Público que no existía según el Reglamento. Se le describe como un operador de la presunta red criminal en la Fiscalía de la Nación, involucrado en acciones para influenciar decisiones de congresistas a cambio de beneficios personales. Se encontraron documentos relevantes en su oficina.
- José Luis Castillo Alva, investigado por «Los Cuellos Blancos del Puerto», habría coordinado y operado la presunta red criminal liderada por Benavides. Se le acusa de entregar dinero a otros implicados para lograr destituciones y obtener favores judiciales. Fue detenido en noviembre de 2023 y se le dictó prisión preventiva, aunque esta fue revocada en febrero de 2024.
- Giancarlo Valer Enciso se le señala como una figura clave en las contrataciones millonarias de la Fiscalía, coordinando acciones con otros implicados y trasladando dinero para sobornos.
- Jorge Luis Palomino Quesada, desde su posición en la Gerencia de Logística del Ministerio Público, habría favorecido a una empresa en una licitación millonaria en colaboración con otros implicados.
- Mirtha Cristina Gonzales Yep habría participado activamente en acciones para remover fiscales y habría dado dádivas a un capitán PNP para obtener información a favor de Benavides en un proceso disciplinario.
- Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, en su condición de capitán de la Policía Nacional, habría colaborado con la organización criminal al informar a favor de Benavides en un proceso disciplinario.
