El Ministerio de Defensa señaló que las operaciones forman parte de la estrategia del Gobierno para restablecer el orden interno y combatir la minería ilegal.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que esta labor permitió incautar más de 400 cartuchos de dinamita, nitrato de amonio, mechas, detonadores y municiones calibre 9 mm, además de intervenir a personas indocumentadas vinculadas a actividades de minería ilegal.
El titular del sector, Walter Astudillo Chávez, supervisó las acciones en campo junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Guillermo Ojeda Parra, y el general de Brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado Pataz.
“Aquí está personal altamente especializado de la Fuerza Especial Conjunta, todos con experiencia de combate. El trabajo duro lo realizan las fuerzas integradas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El país necesita que todos los que estamos actuando tengamos éxito. Esta es una acción que impulsa el desarrollo, garantiza la seguridad y permite la recuperación del orden interno”, señaló.
Puntos inspeccionados
Durante la jornada se inspeccionaron tres puntos críticos: el control de Calquiche, donde operan las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía; el puente Chagual, donde se realizó una supervisión directa; y el socavón ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, donde se detuvo a dos personas y se incautó material explosivo.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las operaciones forman parte de la estrategia del Gobierno para restablecer el orden interno y combatir la minería ilegal, mediante el despliegue de unidades de élite como la Fuerza Especial Conjunta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional.
Además, participan activamente representantes del Ministerio Público, Sucamec y Ministerio de Energía y Minas.
Las provincias de Virú, Pataz y Trujillo, en la región de La Libertad, se encuentran en estado de emergencia con el objetivo de controlar el orden en dichas jurisdicciones afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado.
