La adjudicación del corredor vial Trujillo–Huanchaco, uno de los proyectos emblemáticos y más costosos de la gestión del exgobernador de La Libertad, César Acuña, fue observada por la Contraloría. Un informe de auditoría advierte vulneraciones a la normativa de contrataciones, como las modificaciones no autorizadas en los requisitos técnicos, incumplimientos en las bases del proceso y el inicio de la obra sin la documentación exigida. Funcionarios regionales quedaron bajo observación.
Un contrato bajo revisión
El mejoramiento y ampliación del corredor vial Trujillo–Huanchaco se adjudicó por más de S/ 121 millones al Consorcio Vías Huanchaco, integrado por LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C. y Marquisa S.A.C. Contratistas Generales. Es una obra clave para la conectividad turística y urbana de La Libertad, cuya ejecución comenzó en medio de cuestionamientos detectados por el máximo órgano de control del Estado.
Uno de los integrantes del consorcio, LC & EC, está vinculado a Lucero Coca Condori, una empresaria de 23 años. Aunque la edad de la empresaria no constituye una irregularidad, el dato adquiere relevancia al contrastarse con las observaciones técnicas que, según la Contraloría, alteraron las condiciones originales de la licitación.
Informe que documenta irregularidades
Las observaciones están contenidas en el Informe de Auditoría N.° 102-2025-2-5342-AC, que examinó el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de mayo de 2025, y se emitió el 12 de diciembre. El documento describe una secuencia de decisiones administrativas que, en conjunto, habrían vulnerado principios fundamentales de la contratación pública.
Uno de los hallazgos centrales es la modificación del requerimiento del plantel profesional clave sin la aprobación correspondiente. De los 15 profesionales exigidos inicialmente, solo cinco fueron considerados finalmente como personal clave. Los diez restantes, fueron reclasificados como “personal técnico profesional”, una variación que, según la auditoría, no cuenta con sustento formal ni autorización válida.
Para la Contraloría, este cambio no fue un ajuste menor: alteró las reglas del proceso una vez iniciado, afectando la igualdad de condiciones entre los postores.
Bases que no siguieron el estándar
El informe también señala responsabilidades en el Comité de Selección, que no adecuó las bases administrativas del proceso a las bases estándar establecidas para este tipo de procedimientos. Las bases estándar son un instrumento obligatorio diseñado para reducir la discrecionalidad y asegurar transparencia en las contrataciones del Estado.
La omisión, sostiene el órgano de control, debilitó los mecanismos de control del proceso y abrió la posibilidad a interpretaciones que no se ajustan a la normativa vigente.
Otra observación crítica es que el contratista dio inicio a la ejecución de la obra sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, especialmente los vinculados al plantel técnico consignado en las bases integradas definitivas.
Según la Contraloría, esta situación afecta directamente la legalidad del proceso, compromete el principio de integridad y expone a la administración pública a riesgos técnicos y financieros. El informe advierte que permitir el inicio de una obra bajo estas condiciones debilita el control previo que debe regir en toda contratación pública.
Funcionarios en la línea de responsabilidad
El documento no se limita a describir fallas procedimentales. Deja constancia de que las presuntas irregularidades habrían contado con la participación de funcionarios y servidores del Gobierno Regional de La Libertad, por lo que recomienda iniciar acciones para el deslinde de responsabilidades.
En esa línea, la Contraloría exhortó a la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, a disponer que las instancias competentes evalúen los hechos y determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
Asimismo, el caso fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la Procuraduría Pública de la Contraloría, para que evalúen el inicio de acciones penales.
Contrato heredado
La adjudicación de la obra se produjo durante la gestión del entonces gobernador regional César Acuña Peralta, quien renunció al cargo en octubre para postular a la Presidencia de la República. Desde entonces, el contrato fue objeto de críticas públicas, que ahora adquieren sustento técnico a partir de los hallazgos del órgano de control.
El informe deja constancia de fallas estructurales en la conducción del proceso. La responsabilidad será determinada por las instancias correspondientes.
