Estas son las horas más indignantes de la historia reciente del Perú. Las protestas, el vandalismo de sectores radicales y la necesaria contención policial –que ha derivado en represión y presuntos crímenes de Estado– nos dejan hasta hoy la muerte de 57 personas (*) durante los enfrentamientos entre civiles y agentes en siete regiones del país: Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno y Cusco. Quien diga que esto no es indignante, quien justifique estas muertes, definitivamente está mal de la cabeza.
El resquebrajamiento del Perú va más allá de Pedro Castillo. La crisis sangrienta y violenta que estamos viviendo se origina por las brechas sociales, la pobreza y el hambre, por el Estado ausente, por el centralismo, y por terquedades políticas e ideológicas de izquierdas y de derechas. También por la irresponsabilidad –brutalidad en muchos casos– de los políticos de alto rango, y de sectores radicales y violentos de la sociedad. El Perú no da para más, señores.
Con el país hirviendo entre balas y piedras, el discurso del Gobierno de Dina Boluarte y del sector mayoritario del Congreso se centra en deslegitimar las protestas ‘terruqueando’ y pasando por agua tibia las graves acusaciones contra policías y militares que han disparado sus pistolas y fusiles a diestra y siniestra contra los manifestantes.
Es cierto que hay infiltrados y sectores radicales azuzando las protestas, aprovechándose de la indignación legítima de las personas. Los azuzadores, los que queman comisarías, los que bloquean las carreteras y los que toman aeropuertos deben ser detenidos y procesados por la justicia. Sin embargo, las infiltraciones no justifican el disparar a matar o la humillante detención de estudiantes y de manifestantes de varias provincias –principalmente del sur y centro del país– alojados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Reconozcamos que el país ha caído en una hipocresía vergonzosa. A Pedro Castillo (preso por golpista) se le quiso vacar por presuntos actos de corrupción todavía en investigación y hasta por una delirante denuncia de traición a la patria. ¡Dina Boluarte es la responsable política de 57 muertos y esos mismos “moralistas” que pedían la cabeza de Castillo ahora no se indignan y no hablan de incapacidad moral ni de vacancia! ¡Dan vergüenza!
¿Cómo no se va indignar la gente con políticos así? ¿Cómo no van a viajar hasta Lima para ser escuchados, si los hijos, los hermanos y los amigos son asesinados mientras protestan? ¿Cómo no se van a indignar si los duelos nacionales demoran en declararse, si el gobierno pide disculpas a regañadientes por las muertes y casi nadie se interesa por las investigaciones? Ya no se trata de si a Dina Boluarte le correspondía, legítima y constitucionalmente, ocupar la presidencia tras la caída de Castillo. Tampoco se trata de la estrategia de los sectores extremistas que usan la violencia y el caos como chantaje. ¿De qué se trata, entonces? Nadie que sea responsable político de tantas muertes puede seguir gobernando al Perú. ¿O al golpista Pedro Castillo se lo hubiesen permitido? ¿Qué nos dicen sobre Manuel Merino, a quien pusieron contra las cuerdas por los dos fallecidos durante las protestas del 2020 en Lima? Este es el punto, señores. No se puede gobernar con tantos muertos.
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SOBRE EL RASTRO no se solidariza con las opiniones de nuestros columnistas
(*) El reporte de la Defensoría del Pueblo, actualizado al 22/1/2023, da cuenta de 45 civiles muertos y 1 policías fallecidos en enfrentamientos. Además, 9 civiles perdieron la vida por circunstancias asociadas a los bloqueos y accidentes de tránsito.
