Violencia sexual en La Libertad: la falta de abogados calificados aumenta impunidad de agresores
Sin un sistema interconectado, las UGEL y colegios no pueden hacer seguimiento de las investigaciones por violencia sexual contra escolares, permitiendo que maestros acusados vuelvan a trabajar con estudiantes. A pesar de 275 denuncias de este tipo entre 2019 y 2024, solo 60 casos fueron investigados.
Entre el 2019 y 2024, en la región La Libertad, se reportaron 275 presuntos actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidos dentro de sus propios colegios. Las personas señaladas como agresores fueron docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. Estas alertas fueron ingresadas de forma anónima en el portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), e incluyen casos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; hostigamiento sexual, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y violación sexual.
Sin embargo, en el mismo periodo, la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), un órgano que depende de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), solo inició 60 investigaciones por este tipo de delitos en la región. De este total, 47 docentes y administrativos fueron encontrados culpables en el ámbito administrativo, según el Sistema Informático de Monitoreo de Expediente (Simex) del Minedu.
Los diferentes criterios que aplica la mencionada Comisión al evaluar y recomendar el castigo a los agresores es (beneficio de la duda), lo que les permite a estos volver a dictar clases tras cumplir suspensiones temporales, las cuales pueden ir de un mes hasta un año. La Ley 29944 señala que los denunciados solo pueden ser apartados de las aulas cuando la resolución de sanción se inscriba en la plataforma de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). En tanto, los presuntos abusadores podrían postular a otras jurisdicciones educativas y seguir enseñando.
Las instituciones pedagógicas del país, como los colegios y las UGEL, carecen de un sistema interconectado que les permita visualizar las investigaciones en curso, los expedientes que emite la Comisión y los nombres de los docentes que han sido separados preliminarmente de sus funciones.
De los 47 agresores sancionados, 39 fueron destituidos. El sistema informático del Minedu no permite visualizar el tiempo de cese, pero la Ley 29944 señala que este no puede ser menor a los 5 años. Otros siete acusados fueron separados del cargo por un año y un último fue castigado por un mes.
Sobre el Rastro realizó pedidos de acceso a la información a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad y a las UGEL de sus 12 provincias para conocer el detalle de los expedientes administrativos que culminaron en sanción, prescripción, archivo o que no se formalizaron. Los únicos que respondieron fueron las UGEL de El Porvenir, de Trujillo, Virú y Bolívar. Estos reportaron un total de 11 carpetas, a través de los cuales este medio pudo constatar que se emitieron castigos diferenciados para casos similares.
Una de las instituciones que no respondió al pedido de información de Sobre el Rastro es la UGEL de Pacasmayo. La Comisión de Educación del Consejo Regional de La Libertad alertó que dicha entidad ya cuenta con un informe interno que recomienda el archivo de un caso de violación sexual contra una estudiante. Además, ya declaró prescrita otra denuncia por acoso y tocamientos contra una menor de edad, presuntamente por falta de personal, y un tercer proceso culminó con la absolución del docente.
Lo destituyeron y se cambió de UGEL
El 13 de julio de 2023 el profesor de educación física, Alexis Iván Augusto Olano Rodríguez, fue separado de forma preventiva del colegio Virú, ubicado en la provincia del mismo nombre, por el presunto delito de tocamientos indebidos contra una menor del quinto grado de primaria.
La investigación administrativa en su contra se inició el 4 de diciembre de 2023 y concluyó el 29 de agosto de 2024, confirmando la falta y ordenando su destitución.El caso llegó al ámbito penal y, tras la denuncia de la madre de la víctima, el Ministerio Público abrió la carpeta fiscal 1925-2023 por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores.
Sin embargo, meses antes de que se confirmara la sanción en la vía administrativa, y cuando aún estaba separado de sus funciones, Olano Rodríguez consiguió un nuevo empleo. En marzo de 2024 fue contratado por la UGEL Trujillo para enseñar el mismo curso en el colegio María del Socorro, ubicado en el distrito de Huanchaco; un centro educativo de nivel primaria al que asisten 237 niños y 303 niñas.
Según el artículo 21 del Decreto Supremo 020-2023-Minedu, los docentes que han sido retirados de la institución, de forma permanente o preventiva, están impedidos de trabajar en cualquier centro educativo del sector público. Pese a ello, este profesor enseñó ocho meses y 17 días en el mencionado plantel.
Al respecto, Wilton Flores Gutiérrez, jefe de Administración y presidente del Comité de Contrataciones de la UGEL Trujillo, dijo que cuando realizaron el proceso de adjudicación de plazas en el primer trimestre del 2024, el docente Olano Rodríguez no consignó en su declaración jurada que lo habían separado de su institución anterior.
El funcionario explicó que dicha medida fue aplicada en otra UGEL, y al no existir un sistema interconectado que les permita visualizar los casos que están en investigación, no tenían posibilidad de enterarse. Confiaron en la buena fe del postulante.
“Tal y como lo establece la norma, si se detecta que un docente tiene una sanción registrada (en el portal del Servir), entonces inmediatamente la UGEL procede a resolver el contrato con el docente y eso es lo que hemos procedido a realizar el 28 de noviembre”, comentó Flores Gutiérrez a Sobre el Rastro.
El funcionario también dijo que revisan el portal del Servir cada 30 días para saber si alguno de sus profesores aparece en la lista de sancionados. Esto no explica por qué a Olano Rodríguez lo retiran de la institución recién el 28 de noviembre, cuando su castigo fue registrado en la base de datos de Servir el 6 de septiembre, es decir, casi tres meses antes.
Dos meses de suspensión por tocamientos
El 11 de noviembre del 2019, durante una evaluación psicológica, una adolescente de la Institución Educativa N° 81524, ubicada en el centro poblado de Quirihuac, distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, reveló que el profesor Williams Henry Luján Gonzales la hizo sentir incómoda al pellizcarle la cintura, palmotearle las manos y tocarle los hombros.
En el proceso de investigación tres menores de diferentes grados narraron que al docente le gustaba pegarse a ellas, tocarles la cintura o buscar la forma de rozarlas. “Solo una vez, cuando fui al escritorio. Estaban dos compañeros a los cuales les estaba explicando, y yo me coloqué al costado del docente. Es ahí que el profesor me palmotea la cintura y yo me incomodé, y me coloqué al frente de él. Solo paso una vez”, narró una de ellas.
“El docente cuando lo llamamos para que nos explique se pega mucho a la mejilla, eso lo hace con la mayoría de mujeres, y coloca su brazo por la espalda, y eso nos incomoda. Yo le dije que no lo vuelva hacer porque incomoda. Eso solo pasó una vez. Y la próxima vez que lo llamé para que me explicara, nuevamente quiso hacer lo mismo, pero yo me alejé y es ahí donde él dice: “ah hija verdad a ti no te gusta”, y desde ahí no volvió a pasar”, contó otra menor.
Otra de las estudiantes dijo que cada vez que lo llamaba para que le explique alguna actividad pedagógica, él pegaba su rostro a su mejilla y colocaba el brazo en su espalda. “Eso incomodaba, pero yo no le dije nada porque me daba vergüenza. Una vez me llegó a tocar la cintura por la espalda cuando se acercó a mi carpeta a explicarme la clase”, agregó.
De acuerdo con el expediente que elaboró la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, ya existía una denuncia policial contra Luján Gonzales interpuesta en la comisaría La Noria cuatro meses antes, el 17 de julio del 2019, por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de su menor hija.
Tras evaluar las pruebas, el 21 de julio del 2020, medio año después de que se inició el proceso, el profesor Luján Gonzales fue sancionado por tocamientos indebidos con una suspensión de 60 días sin goce de remuneraciones.
De vuelta a las aulas
El 31 de mayo del 2022, la directora del Colegio Laramie, ubicado en el distrito de Chao, en la provincia de Virú, separó de forma preventiva al profesor Apolinar Benjamín Barros Pérez por realizar tocamientos indebidos a dos niñas de 9 y 10 años de edad. El docente fue acusado de levantarles la falda y deslizar su mano sobre sus partes íntimas cuando ambas se acercaron a su pupitre para que les revisara una tarea.
La directora reportó el hecho a la UGEL Virú, pero esta inició un procedimiento sancionador seis meses después de lo ocurrido, el 16 de noviembre de ese mismo año.
Durante la investigación, se recogió el testimonio de otras alumnas que fueron testigo de estos hechos: “(…) Entonces el profesor cerró la puerta, Y* pidió permiso a los servicios higiénicos y me quedé en el salón con mis amigas E*, R* y J* (…). Yo vi cuando le tocó a E* sus partes allí abajo”, dijo una de las menores, según el expediente.
Durante la investigación, Barros Pérez cuestionó las pruebas presentadas por la Comisión, clasificándolas de “inútiles, innecesarias e inconducentes”.
El 30 de diciembre del 2022, la UGEL Virú emitió la Resolución Directoral N° 00002263-2022-GRLL en el que se confirma la sanción contra Barros Pérez. Se cita la 29944 y la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. Sin embargo, el castigo que se le impuso fue de cese temporal de apenas seis meses, pese a las evidencias y testimonios.
Antes de esta sanción, Apolinar Barros registraba tres antecedentes de cese temporal impuestas por la UGEL de Sánchez Carrión en los años 2006, 2007 y 2014, por faltas graves. El artículo 49 de la Ley 29944 señala que los docentes que incurren en este tipo de infracciones, y que fueron cesados al menos dos veces, pueden ser retirados del cargo, pero la medida no es obligatoria, sino opcional.
Sin abogados para la Secretaría Técnica
De acuerdo con la Resolución Viceministerial 091-2021-MINEDU, la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPPAD) es el órgano colegiado y autónomo que se encarga de evaluar las pruebas y proponer una sanción. Una vez culminado, el expediente y sus recomendaciones se envían al titular de la UGEL, quien decide si acepta las sugerencias o resuelve de forma distinta.
La Comisión está integrada por representantes de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED), profesores nombrados y un abogado de la UGEL, quien ocupa el cargo de Secretario Técnico en el equipo. El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho, explicó que en las UGEL de Pataz y Bolívar no cuentan con abogados que cumplan esta función. Las plazas asignadas quedan desiertas porque a estos profesionales no les resulta atractivo laborar en provincias ubicadas a 14 o 16 horas de la capital de la región.
“Vamos a realizar un control posterior sobre las contrataciones de docentes en las UGEL. Convocaremos a los Secretarios Técnicos para determinar si están atendiendo estos casos, porque de no hacerlo podrían prescribir, y si incurren en ello hay que denunciarlos penalmente. Y si no hay profesionales son pasibles de sanción los directores de las UGEL porque es su responsabilidad contratar al profesional», asegura.
Ante un hecho de violencia sexual en los colegios, los llamados a intervenir son las mismas instituciones educativas y las UGEL, pero Camacho señala que la Gerencia Regional de Educación también recibe casos de manera directa. “Al menos, desde que estoy aquí, la gente ha cogido una gran confianza en la gerencia y viene a sentar su denuncia porque se quejan de que las UGEL no hacen nada”, refirió el funcionario.
Camacho señaló que este tipo de casos están a cargo de Secretaría Técnica que forma la comisión investigadora, la cual es autónoma, pero solicitará a las 15 UGEL de La Libertad información sobre los docentes que están siendo investigados por violencia sexual. Esto con el objetivo de conectar la información entre ellas y evitar la contratación de profesionales cuestionados.