El divorcio entre la enseñanza universitaria –calificada como abstracta, literal y legal– versus la práctica jurídica o ejercicio de la abogacía –que es indudablemente holística y, por tanto, interdisciplinaria y global– genera una evidente deslegitimación del sistema de justicia; a tal punto que, en la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, se sostiene lo siguiente: “Un servicio de justicia que no satisfaga un estándar de calidad provoca la desconfianza de los ciudadanos y, en particular, hacia los profesionales del sistema de justicia” [pág. 178].
Nadie puede hoy dudar de la responsabilidad de los abogados en el funcionamiento del sistema de justicia. Esta afirmación no carece de sustento si tenemos en cuenta, por ejemplo, que están incorporados con voz y voto, y con rango supremo en el máximo órgano de gestión del Poder Judicial, como es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial [artículo 81.5 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial].
Por ello, los abogados [léase facultades de Derecho y colegios profesionales de abogados] no pueden estar alejados ni mantener una postura neutra frente a la responsabilidad que les compete en el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Consecuentemente, es exigible una formación de calidad, un control deontológico del ejercicio profesional y la preparación en clave de transversalización del enfoque de género e interculturalidad. Ello debido a que la formación jurídica constituye un elemento que impacta en la cultura jurídica de un Estado y, por tanto, puede incidir positiva o negativamente en su sistema de justicia, así como en sus oportunidades de reforma [pág. 177].
En la práctica, según el diagnóstico realizado en la Política Pública, se han identificado comportamientos denominados como defensa técnica deficiente; por ejemplo, no ejercer mínima actividad probatoria, no interponer recursos frente a la afectación de intereses o su poca fundamentación, y hasta el abandono de la defensa. Existe también el denominado currículo oculto: valores y prácticas cuestionadas que se transmiten de generación en generación al margen del currículo, de fuerte arraigo, de naturaleza informal y que rayan con un comportamiento ético.
La redacción legal sigue siendo un aspecto deficitario en los profesionales y estudiantes de derecho, y una habilidad que debe promoverse al igual que la conciliación, la comunicación y la entrevista.
