El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, solicitó al Ministerio Público realizar una investigación detallada sobre los procesos de contratación emprendidos por la empresa Sedalib en la ciudad. La autoridad cuestionó la legalidad de varios proyectos, los cuales —según indicó— se adjudicaron de forma directa invocando una emergencia por lluvias que, a su parecer, no correspondía a la realidad del momento.
Durante una declaración pública, el burgomaestre señaló que estas contrataciones no habrían pasado por los canales regulares de licitación pública. “Son procedimientos irregulares que, en mi opinión, deben ser investigados a fondo. No se puede seguir permitiendo que recursos del Estado sean manejados de forma arbitraria”, declaró.
Los cuestionamientos surgen tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por parte de Frank Sánchez Romero y Ricardo Delgado Arana, integrantes del Directorio de Sedalib. Ambos acusaron a Percy Rosario Martell (presidente de Sedalib), al gerente Víctor Gutiérrez Muñoz y a otros funcionarios, por presuntos delitos como colusión y aprovechamiento indebido del cargo.
Presuntas irregularidades
De acuerdo con la denuncia, los implicados habrían ejecutado al menos ocho contrataciones directas amparándose en el Decreto Supremo N.º 033-2025, emitido ante una supuesta emergencia por lluvias intensas en la región. Sin embargo, algunas de las obras adjudicadas —como la rehabilitación del alcantarillado en la avenida España o el cerco perimétrico de las instalaciones de Sedalib— no guardarían relación directa con situaciones de emergencia, según lo señalado por los denunciantes.
Además, se ha observado que las contrataciones se habrían concretado fuera del plazo establecido por el decreto, y que la resolución interna que autorizó estos procesos no contaría con la firma del asesor legal de la empresa.
Entre las obras actualmente en ejecución figuran también la construcción de un emisor en Huanchaco como parte del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, y otras intervenciones que, según los denunciantes, no justifican su adjudicación bajo régimen de excepción.
Por estos hechos, el alcalde Reyna instó a la Fiscalía a determinar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos sean manejados con transparencia y dentro del marco legal.
