El sábado 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado del defensor de derechos humanos ambientales Mariano Isacama Feliciano, originario de la Comunidad Nativa Puerto Azul del pueblo indígena Kakataibo. Había estado desaparecido por 24 días. Su cuerpo, encontrado en la ribera del río Yúrac, en los alrededores de la ciudad de Aguaytía presentaba signos de tortura y en estado de descomposición. Para su comunidad indígena y las organizaciones a las que pertenecía –la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) y su Guardia Indígena, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)– su asesinato pudo ser evitado si las entidades del Estado peruano responsables de protegerlo, hubiesen actuado con celeridad desplegando los recursos necesarios para ubicarlo cuándo aún estaba con vida. Estas entidades están obligadas a actuar conforme el Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos, cuya secretaría técnica recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, al Ministerio Público le corresponde prevenir delitos e investigar para acusar. Y a la Policía le correspondía la búsqueda en el terreno. Sin embargo, volvió a distinguirse por la insuficiencia de sus acciones, a pesar de múltiples pedidos de auxilio.
A miles de kilómetros de distancia, en Pataz, La Libertad, la Policía Nacional también omite acciones de protección, al no desalojar a los mineros ilegales que, en un acto terrorista, mantienen tomadas violentamente veinticinco galerías subterráneas de la mina formal La Poderosa desde el jueves 11 de julio. Ese día atacaron las instalaciones de dicha mina, con armas de guerra con las que hirieron a tres trabajadores y secuestraron a otro. Ante ello, la Policía no solo no actúa, sino que desde hace dos meses ha suspendido las operaciones de interdicción de bocaminas ilegales de la zona, pese a los pedidos de la empresa minera para que se retomen.
«Nos toca el difícil esfuerzo de ubicar a los políticos interesados en proteger a los defensores ambientales y apoyar sus pretensiones de recambio para conseguir una mejor política»
Pier Paolo Marzo
Ambas situaciones de inacción policial deberían llevar a la renuncia del ministro del Interior, al reconocer su incapacidad para la rectoría política del deber de protección de las personas y la comunidad que le corresponde, constitucional y legalmente a la Policía Nacional. O a su interpelación y eventual censura. Si eso no ocurre, es la jefa del referido ministro, quien ejerce la presidencia de la República, quien debería renunciar.
Como nadie va a renunciar ni se alcanzarán votos para censurar al ministro del Interior, corresponde preparar el recambio de la conducción política de nuestro país. Precisamente, el 12 de julio venció el plazo establecido por la Ley 32058 emitida por este Congreso, para afiliarse a un partido político y estar habilitado o habilitada para postular en las elecciones internas con miras a las elecciones generales de 2026. Según reporte del periodista Martín Hidalgo, solo ese 12 de julio ingresaron al Jurado Nacional de Elecciones 22 mil fichas de afiliación. Si bien sospechamos que una parte importante quiere usar la actividad política como pantalla de actos ilícitos, incluyendo la participación en la minería ilegal vía actos de legislación o fiscalización que las favorezca, podemos abrigar la esperanza en que algunas de las personas que ese día y los anteriores se afiliaron a partidos políticos, lo hicieron buscando aportar al combate contra delitos ambientales y para mejor proteger a las personas defensoras ambientales. Nos toca el difícil esfuerzo de ubicarlas y apoyar sus pretensiones de recambio para conseguir una mejor política.
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SOBRE EL RASTRO no se solidariza con las opiniones de nuestros columnistas
