El expresidente Alberto Fujimori ha presentado una solicitud al Congreso de la República para que se le otorgue una pensión vitalicia de aproximadamente S/ 15.600, cuatro meses después de recuperar su libertad por decisión del Tribunal Constitucional. Esta petición, formalizada el pasado 29 de abril, se basa en la Ley N° 26519, que establece que los expresidentes tienen derecho a una pensión equivalente al salario de un congresista en funciones.
Sin embargo, esta solicitud ha generado controversia debido al pasado judicial de Fujimori, puesto que la misma ley señala que este derecho “queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.
En la década del 2000, el Congreso presentó acusaciones constitucionales contra él, que resultaron en su destitución por incapacidad moral en noviembre de 2000. Posteriormente, en 2009, fue condenado a 25 años de prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, con una sentencia vigente hasta 2032. Actualmente, enfrenta un juicio por el asesinato de seis personas en Pativilca en 1992, donde la fiscalía lo acusa como presunto autor mediato.
A pesar de haber sido indultado, gracias restablecida por el Tribunal Constitucional, Fujimori aún no ha pagado la reparación civil de más de S/ 57 millones. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi ha señalado que el indulto es un perdón del delito pero no una declaración de inocencia, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de su solicitud de pensión.
En el ámbito político, el partido Fuerza Popular ha respaldado la solicitud de Fujimori, argumentando que tiene derecho a la pensión según la Ley N° 26519 y por su papel en la lucha contra Sendero Luminoso, el MRTA y la hiperinflación. Sin embargo, varios proyectos de ley relacionados con la pensión vitalicia para expresidentes se encuentran en debate en el actual Congreso (2021-2026), algunos proponen eliminarla y otros limitarla de diversas formas.
Además de la pensión vitalicia, Fujimori también ha obtenido un aumento en su seguridad policial desde su liberación en febrero pasado. La Policía Nacional ha incrementado su protección a 10 suboficiales en lugar de los seis iniciales. Este servicio, denominado «semi integral», también es recibido por otros dignatarios y expresidentes y está previsto inicialmente por cinco años después de dejar el cargo, pudiendo extenderse excepcionalmente.
ALEJANDRO TOLEDO Y PEDRO CASTILLO
El expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras varios años como prófugo en Estados Unidos, continúa recibiendo la pensión vitalicia. Desde marzo de 2017, Toledo ha recibido más de S/1 millón, a pesar de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra en 2017 por los presuntos sobornos recibidos de Odebrecht a cambio de obras en los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
En febrero de 2017, el Congreso, presidido entonces por la fujimorista Luz Salgado, le retiró a Toledo beneficios como un automóvil Kia en calidad de préstamo, 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo y un asistente con un sueldo no mayor a S/3.700. Sin embargo, la pensión vitalicia y los seguros se mantuvieron.
Por otro lado, hace algunas semanas, el expresidente Pedro Castillo, vacado en diciembre de 2022 tras un golpe de Estado, presentó un recurso de apelación ante el Congreso para acceder a una pensión vitalicia de S/15.600 como exmandatario, después de que el Parlamento le negara inicialmente este pago.
El 11 de abril de 2024, el Parlamento notificó a Castillo Terrones sobre la declaración de improcedencia de su solicitud inicial. El Congreso indicó que el artículo 2 de la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los exmandatarios, establece que este derecho se suspende cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra Castillo y autorizó la formación de causa penal en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia fue presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras investigaciones preliminares en casos como Petro-Perú, Ministerio de Transportes (Puente Tarata) y Ministerio de Vivienda (obras de saneamiento en Anguía y otras provincias), e incluyó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
En su apelación al Parlamento, Castillo Terrones argumentó que fue vacado el 7 de diciembre de 2022 y que a partir del día siguiente “ya había adquirido el derecho a la pensión vitalicia”. Además, destacó que la acusación constitucional en su contra fue aprobada más de dos meses después de su salida del poder, por lo que considera arbitrario e ilegal desconocer su derecho pensionario.
