El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, Manuel Gómez de la Torre, no acudió este lunes a declarar como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía por las decenas de muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales en su país y pidió que se reprograme esa citación, informaron medios locales.
Gómez de la Torre solicitó «por segunda vez una reprogramación», ya que el lunes participó en una ceremonia oficial del Ejército junto a la presidenta Dina Boluarte, quien también es investigada de manera preliminar por este caso, junto con el primer ministro, Alberto Otárola.
El jefe militar fue citado inicialmente para declarar ante la Fiscalía el pasado 31 de marzo, pero solicitó una primera reprogramación, que se fijó para las 09.30 a.m de hoy. Sin embargo, horas antes pidió un nuevo cambio de fecha.
Boluarte ha sido citada para declarar el martes desde las 09.00 a.m. en la sede de la Fiscalía de la Nación por la investigación preliminar que se le ha abierto por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
PRESIDENTA DECLARARÁ
La presidenta aseguró la semana pasada que acudirá a la citación porque su intención es contribuir a «esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible».
Agregó que no utilizará la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno, aunque dijo que solo la ofrecerá ante la fiscal general, Patricia Benavides, porque «es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley».
La Fiscalía, que citó inicialmente a Boluarte para el 31 de mayo pero luego aceptó cambiar esa fecha para este martes, inició las pesquisas preliminares contra la gobernante y varios de sus ministros y exministros el pasado 10 de enero.
La presidenta ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al exprimer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
ANTECEDENTES DE LAS PROTESTAS
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
