La presidenta Dina Boluarte declaró ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas sociales en Perú que dejaron 67 muertos y más de 1.300 heridos.
Según la oficina presidencial, la mandataria fue interrogada durante tres horas. Antes de iniciar la diligencia, su abogado Joseph Campos dijo a la prensa que Boluarte no iba a usar “el silencio como un medio de defensa” sino que iba a responder las preguntas de los investigadores.
La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero hasta hoy no había declarado. El primero ministro, Alberto Otárola, fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
ANTECEDENTES
Las protestas contra el gobierno de Boluarte dejaron 67 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos eran civiles y la mayoría recibió impactos de armas de fuego.
En esta investigación, a Boluarte se la investiga por genocidio, un delito castigado en Perú con una pena mínima de 20 años de cárcel. Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre luego de que su antecesor Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y fue destituido. Castillo cumple una prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.
Desde entonces comenzaron las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en reclamo de la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima y se apaciguaron a partir de mediados de febrero.
No obstante, el Congreso no ha decidido adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias y cuatro iniciativas para acortar los mandatos de Boluarte y de los legisladores fueron archivadas por no alcanzar los votos necesarios.
