En medio de un clima político tenso y a pocas horas de debatirse en el Congreso una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento este lunes a tres nuevos ministros en las carteras de Economía, Interior y Transportes y Comunicaciones.
Raúl Pérez Reyes fue designado como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en reemplazo de José Salardi. El cambio ocurre apenas tres meses después de que Salardi asumiera el cargo, lo que ha generado inquietud en distintos gremios empresariales. Desde sectores como la Confiep y ComexPerú se advirtió que este tipo de modificaciones generan incertidumbre y afectan la continuidad de políticas económicas.
En el Ministerio del Interior, el general en retiro de la Policía Nacional, Carlos Malaver, asumió funciones tras la salida de Julio Díaz Zulueta. Su nombramiento se da en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana, el reciente asesinato de 13 mineros en Pataz y la fuga de un delincuente implicado en el caso.
Más cambios
César Sandoval, por su parte, fue designado como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, ocupando el puesto que deja vacante Raúl Pérez Reyes tras su traslado al MEF.
Estas decisiones llegan en medio de rumores sobre la continuidad del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien ha negado públicamente su renuncia. No obstante, más de 50 legisladores respaldan la moción que busca su salida, acercándose al número necesario para su aprobación.
Desde Palacio de Gobierno no se han brindado mayores detalles sobre los motivos de los cambios, aunque analistas consideran que podrían formar parte de una estrategia de reacomodo político frente a los cuestionamientos que enfrenta el Ejecutivo.
El gran problema
La inseguridad ciudadana se ha consolidado como el principal problema que afecta al Perú en la actualidad. El incremento de crímenes violentos como extorsiones, sicariatos, asaltos y asesinatos, especialmente en regiones como La Libertad, Piura y Lima, ha generado una creciente sensación de temor en la población y una fuerte desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden público.
En este contexto, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta serias críticas por la falta de una estrategia clara y efectiva para enfrentar la ola delictiva. La reciente masacre de 13 mineros en Pataz y la fuga del presunto autor del crimen han intensificado la presión política.
Este clima de inseguridad ha sido uno de los principales argumentos de la oposición en el Congreso para promover la censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, a quien acusan de inacción y falta de liderazgo frente a la crisis. Más de 57 congresistas ya han expresado su respaldo a esta moción, acercándose al número necesario para su destitución.
