En lo que va de la emergencia por las lluvias, más de 70 vidas se han perdido y se cuentan más de 21 mil damnificados. Hay miles de casas y edificaciones que están en ruinas, inhabitables y destrozadas. Muchas personas siguen corriendo riesgos y están en constante peligro. Pese a ello, tenemos autoridades que en medio de esta tragedia han hecho muy poco o nada para atender el desastre.
El programa presupuestal 068, a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, busca la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Todos los años, los municipios y gobiernos regionales reciben recursos para invertir en prevención y atender a la población afectada o en riesgo de peligros meteorológicos de intensidad como los que se registran cuando ocurre el fenómeno de El Niño o terremotos.
Conocido lo que está sucediendo, la Contraloría emitió un comunicado el último lunes 3 de abril en el que denunció que los fondos del mencionado programa presupuestal no han sido utilizados diligentemente en los últimos años: «El Gobierno Nacional ejecutó el 74.9%, los gobiernos regionales el 62.3% y las municipalidades el 68.5%. Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente».
Estas alertas se emitieron porque muchas gestiones de alcaldes y gobernadores del país no garantizan la prestación de algún servicio o respuesta oportuna y porque no actúan con diligencia (dejan de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones). Eso se refleja en la poca o nula respuesta ante la gran necesidad de ayuda de la población.
INHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS
La Contraloría advirtió que por la “inacción y falta de respuesta”, los funcionarios y servidores públicos son pasibles de una sanción. ¿Cuál? Ser inhabilitados para trabajar en el Estado, pues la contraloría había emitido más de 13 mil alertas emitidas y, al parecer, se hizo muy poco para emendarlas. La entidad anunció que aplicaría esta sanción «drásticamente».
También relacionado al tema de las sanciones, según la Contraloría hay un total de 845 funcionario de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) acusados de responsabilidad administrativa por obras mal diseñadas o ejecutadas. Contra ellos, ya se han retomado los procesos sancionadores y, en los casos más graves, podría ser inhabilitados de la función pública hasta por cinco años.
Además de hacer esta advertencia, la contraloría remitirá una carta formal al Congreso de la República para proponer dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante los Estados de Emergencia, sea cual sea el nivel.
Una de las leyes estará relacionada con la inaplicación de normativas infralegales y funcionales, pues muchas veces se paraliza el accionar de los distintos gestores públicos. La otra busca establecer que todas las entidades públicas dispongan del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
