La próxima semana, la Fiscalía de Perú tomará la declaración de la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación abierta contra su gobierno por las más de 70 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
La Fiscalía de la Nación programó la declaración de la mandataria para el próximo 31 de mayo, pero el abogado de Boluarte ha solicitado que se cambie para el 1 de junio, debido a un simulacro nacional multipeligro programado para la fecha original.
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, declaró a la prensa que la presidenta no ejercerá su derecho al silencio y expresará claramente su posición sobre un tema que, según él, es evidente tanto para ella como para los ministros y millones de peruanos.
En enero pasado, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares por la presunta comisión de delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas sociales que estallaron tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Las manifestaciones continuaron durante varias semanas en diferentes regiones del país y que tuvieron un saldo trágico de fallecidos y heridos.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles perecieron durante los enfrentamientos a causa de impactos de bala y en total las protestas dejaron 77 fallecidos, incluyendo personas de nacionalidad haitiana y que también perdieron la vida debido a acciones como el bloqueo de carreteras.
DECLARACIONES DE CIDH
En un extenso informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad peruanas en las protestas sociales y afirmó haber encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
La CIDH reportó «masacres, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos», así como un «uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del ejército y la policía peruana» durante las protestas.
POSICIÓN DE LA ONU
El relator de las Naciones Unidas sobre derechos a la Libertad de Reunión Pacífica, Clément Voule, afirmó que el gobierno peruano hizo un uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en la muerte de más de 60 personas durante las manifestaciones que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Voule dijo la necesidad, incluso, de que Perú garantice el acceso a la justicia, recursos, reparación e indemnización para las víctimas, cubriendo el costo del tratamiento médico de los heridos.
Voule también expresó su preocupación por la falta de confianza en las instituciones peruanas y destacó que no ha recibido evidencias de que los manifestantes sean terroristas. Las protestas que culminaron en febrero dejaron 49 civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito o bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados (seis militares y un policía) también murieron.
