La mañana del martes 30 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios irrumpió en la sede del Gobierno Regional de La Libertad, ubicada frente a la Plaza de Armas de Trujillo, como parte de una investigación en curso sobre la presunta adjudicación irregular de más de 300 millones de soles en obras públicas a una empresa creada por una joven de 23 años sin trayectoria profesional.
La diligencia, liderada por el fiscal provincial Víctor Bazán Alagón, busca recabar documentos relacionados con las contrataciones del proyecto Corredor Vial Norte, valorizado en S/121 millones, y la ampliación del Hospital de Virú, por S/194 millones, ambos adjudicados a la empresa LC y EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C.
Empresa bajo la lupa
La firma en cuestión fue inscrita en el registro público a inicios de 2023, cuando su fundadora, Lucero Nicole Coca Condori, aún cursaba estudios universitarios en Derecho. Pese a no tener experiencia en gestión de obras ni personal técnico acreditado, su compañía logró acceder a dos de los contratos más importantes de la región en menos de un año.
El 99.95 % de las acciones de la empresa están a nombre de Coca Condori, cuya dirección legal se ubica en el distrito limeño de Mi Perú. Según la información de SUNARP y OSCE, no registra participación anterior en procesos de esta envergadura, ni figura como ejecutora de proyectos previos.
Reuniones previas y sospechas
Uno de los elementos que ha despertado mayor suspicacia es la existencia de una reunión sostenida en marzo de este año entre el gobernador regional César Acuña, su entorno de confianza y el padre de la joven empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, en la sede del gobierno regional. La visita, registrada oficialmente, se produjo semanas antes de que se otorgaran las adjudicaciones.
Además, medios locales constataron que Coca Rojas ha sido visto manejando un vehículo registrado a nombre de su hija, mientras que en declaraciones a la prensa negó conocerla. La madre de la joven, quien figura como copropietaria de la empresa, también se desvinculó del caso al ser consultada por reporteros.
Respuesta del gobernador
Horas después de la diligencia fiscal, el gobernador César Acuña se pronunció mediante un comunicado difundido en redes sociales. Negó cualquier relación con Coca Condori, calificó los reportajes como “tendenciosos” y advirtió que iniciará procesos legales por difamación contra quienes insinúen vínculos irregulares con la empresaria o su empresa.
“Rechazo tajantemente cualquier relación con la empresa mencionada y su representante. No he participado ni directa ni indirectamente en los procesos de contratación, los cuales han seguido los procedimientos establecidos por ley”, señala el documento.
Consejo Regional exige explicaciones
Ante la gravedad del caso, el Consejo Regional de La Libertad ha iniciado una investigación paralela y está gestionando la citación del gobernador, así como de los funcionarios responsables de los sectores involucrados. El objetivo: esclarecer cómo una empresa sin respaldo técnico logró adjudicarse proyectos que comprometen cientos de millones del presupuesto público.
“Es un hecho sumamente grave. No podemos mirar a otro lado cuando existen indicios de que los recursos de todos los liberteños podrían haber sido entregados a una empresa sin sustento técnico ni legal. Vamos a exigir respuestas”, expresó uno de los consejeros en sesión extraordinaria.
Fiscalía y contraloría en acción
Además del Ministerio Público, se espera la intervención de la Contraloría General de la República, que podría iniciar auditorías y controles simultáneos sobre los contratos en cuestión, así como sobre los funcionarios que avalaron su firma.
La Fiscalía, por su parte, continuará con la recolección de evidencias documentales, revisión de expedientes técnicos, identificación de los miembros de los comités de selección y análisis de los vínculos familiares, empresariales o políticos que puedan existir entre los responsables del gobierno regional y los representantes de la firma contratista.
