El exalcalde de Huanchaco, Fernando Julio Bazán Pinillos, y varios exfuncionarios de esa municipalidad fueron condenados por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, tras haber ocasionado un perjuicio económico al Estado de más de un millón seiscientos mil soles durante la ejecución de una obra pública entre los años 2009 y 2010.
La sentencia fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Wilder Omar Delgado Flores, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, y comprende también el pago de la reparación civil correspondiente. El caso está relacionado con la obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado sanitario en los centros poblados Huanchaquito y El Trópico.
A Fernando Bazán se le impuso una pena de nueve años de prisión efectiva por haber suscrito un acuerdo conciliatorio irregular, sin autorización del concejo municipal, mediante el cual favoreció a la empresa ejecutora con el pago de 446 mil soles, a pesar de que esta no había cumplido con la ejecución de los trabajos conforme a lo pactado. Además, la municipalidad canceló 917 mil soles por partidas y metrados no ejecutados, lo que elevó el perjuicio total a S/ 1 640 000.
Funcionaros sentenciados
También fueron condenados Fernando Javier Moreno Meléndez, exgerente de desarrollo urbano y rural, y Víctor Augusto Ingunza Montejo, supervisor de la obra, a seis años de prisión efectiva; mientras que Marcia Martos Hernández y César Augusto Arana Quiroz, ingenieros residentes, recibieron cuatro años de prisión suspendida.
Asimismo, Edwin Alfredo Cribilleros Vergara fue sentenciado a nueve años de prisión efectiva y Luis Edgardo Castillo Florián a seis años, ambos en su calidad de representantes del consorcio ejecutor de la obra.
La responsabilidad penal se determinó en función al pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados, lo que configuró una colusión entre funcionarios públicos y contratistas. Todas las penas de prisión efectiva se harán exigibles una vez que la sentencia quede firme.
