El Poder Judicial (PJ) ha emitido una orden para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como bancario y tributario del expresidente Alejandro Toledo, junto con otras personas naturales y jurídicas, en relación con las presuntas irregularidades en los aportes al partido político Perú Posible.
Esta medida, dictaminada por el juez Jorge Chávez Tamariz, también se aplica a figuras como los exministros Javier Reátegui y Carlos Bruce, así como al exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avraham Dan On, todos bajo investigación por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en perjuicio del Estado.
La solicitud de levantamiento del secreto de comunicaciones fue realizada por el Sexto Despacho del Equipo Especial de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta medida abarcará el período entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.
La fiscalía sostiene que los presuntos actos criminales de los investigados están relacionados con su participación en procesos electorales, específicamente durante la campaña electoral 2010-2011, en la cual Toledo era candidato presidencial y Reátegui y Bruce tenían roles destacados en la campaña de Perú Posible.
Según la investigación, la fiscalía vincula a Perú Posible con supuestos ingresos de la empresa brasileña Odebrecht y otras fuentes, llegando a aproximadamente US$7 millones provenientes de Odebrecht y US$517,000 de empresas de República Dominicana, entre otros montos.
El juzgado consideró que los elementos presentados por la fiscalía «sustentan una sospecha reveladora» respecto a la intervención conjunta de los investigados en actividades que podrían constituir lavado de activos en el contexto de la campaña electoral.
Ante esta situación, el exministro Carlos Bruce expresó su conformidad con la decisión judicial, señalando que no tiene nada que ocultar. Por su parte, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, no se ha pronunciado hasta ahora.
La orden de levantamiento del secreto de las comunicaciones busca arrojar luz sobre las actividades y transacciones financieras de los investigados durante el período en cuestión, con el fin de esclarecer los presuntos delitos de los cuales se les acusa.
