Michael Urtecho Medina pudo ser uno de los casos más admirados de la política peruana. El hombre al que un síndrome congénito lo condenó desde niño a una silla de ruedas llegó a ser segundo vicepresidente del Congreso, presidente de la comisión de Ética parlamentaria y presidente de la Comisión de Discapacidad. Pero el congresista Urtecho, que se convirtió en la voz de las personas con discapacidades del Perú, terminó por revelarse como uno más, uno de tantos personajes infames que llegan al Palacio Legislativo para hacer de las suyas.
Acaba de ser condenado a 22 años y 5 meses de prisión por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. En el 2013, a Urtecho lo descubrieron recortándole el sueldo a los trabajadores de su despacho y, ante las evidencias, el Congreso lo destituyó. Pasaron diez años, ¡toda una década!, para que el sistema judicial del Perú lo condene de forma definitiva. Lástima por su familia, por sus hijas.
Michael Urtecho es un ‘mocha sueldo’ en el argot congresal, como tantos otros que siguieron su mal ejemplo en el Parlamento. Solo en esta gestión congresal 11 de los 130 legisladores están investigados por recortar el sueldo a sus trabajadores.
Figura en la vergonzosa lista el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso). Este mes, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en su contra por el delito de concusión. Existen audios en los que se mencionan aportes de los trabajadores de su despacho para pagar publicidad en beneficio de este ¿respetable? padre de la patria. En un Tweet, el congresista dijo que demostrará que no ha cometido «ningún delito».
«La desgracia del Perú, entre tantas otras, es la larga espera por justicia, si es que llega. Mientras tanto, en el Congreso se juega al blindaje político sin ruborizarse, aprovechando esa lentitud desesperante del sistema»
Oscar Paz Campuzano
Hay otros tres parlamentarios de las filas de Alianza para el Progreso (APP) –el partido de César Acuña Peralta– que también son investigados por el mismo delito. Son las congresistas Magaly Ruiz, María Acuña y Rosío Torres. Otros congresistas investigados por ‘mocha sueldos’ son María Cordero Jon Tay (excongresista de Fuerza Popular), Katty Ugarte (no agrupada), Edgar Tello (bloque magisterial), José Arriola (Acción Popular), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Heidy Juaréz (Podemos Perú) y Magaly Portero (Acción Popular).
La desgracia del Perú, entre tantas otras, es la larga espera por justicia, si es que llega. Mientras tanto, en el Congreso se juega al blindaje político sin ruborizarse, aprovechando esa lentitud desesperante del sistema. ¿Es válido no adelantar sanciones contra un acusado, así sea un presunto ‘mocha sueldo’? Debería ser lo correcto. Pero eso es inviable en un país donde los fiscales y jueces tardan 10 años en emitir una sentencia y en donde los congresistas solo defienden esa premisa jurídica mientras el ajedrez esté en su contra. Cuando el sospechoso es el adversario político, todo vale. Hace mucho, en el Parlamento peruano se extravió la decencia. Ni se atrevan a buscarla por ahí. Hay riesgo de recorte salarial.
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