Dina Boluarte afirmó que no renunciará al cargo de presidenta del Perú y que se quedará hasta el 2026, ratificando la posición de su gobierno sobre el adelanto de elecciones, una exigencia popular que ha dejado hasta el momento 66 manifestantes fallecidos durante las represiones policiales en medio de las protestas en el norte y sur del país.
«El tema de adelanto de elecciones está cerrado, Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la constitución hasta julio del 2026», declaró.
La mandataria remarcó el compromiso de su gobierno de trabajar de manera responsable, respetando el estado de derecho, la democracia y la constitución peruana hasta julio de 2026, periodo establecido por el proceso electoral.
«Quiero dejar en claro que el adelanto de elecciones ha sido una decisión tomada y debatida exhaustivamente. Como gobierno, estamos comprometidos con el desarrollo del país y con respetar los plazos y procesos establecidos por la ley», afirmó.
Además, menciono que su gobierno seguirá trabajando incansablemente para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad y promover el bienestar de todos los peruanos.
INVESTIGACIONES FISCALES
Dina Boluarte presuntamente estaría involucrada en varios delitos como el de lavado de activos, que recientemente el Ministerio Público la ha incluido en una investigación, por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de segunda vuelta del partido político Perú Libre en el año 2021.
La medida tomada por las autoridades se basa en las declaraciones de Henry Shimabukuro Guevara, conocido como el «asesor en la sombra» del expresidente Pedro Castillo.
Shimabukuro reveló que se acercó al entorno del partido a través de una abogada apurimeña y donó S/ 800 mil para la campaña política. Además, se ha informado que allegados a la entonces candidata a la vicepresidencia también habrían recogido aportes irregulares provenientes de Eduvigis Beltrán, un empresario pesquero que se reunió con ella después de realizar una donación de S/ 150,000. Beltrán y Shimabukuro no declararon tanto sus donativos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Es importante destacar que esta no es la única investigación en curso contra la presidenta Boluarte. Desde junio de 2021, antes de que asumiera como vicepresidenta o ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el fiscal Richard Rojas la había incluido en una investigación por lavado de activos.
Se alega que él, junto a otros líderes del partido, abrieron una cuenta bancaria conjunta que recolectó fondos de la organización criminal «Los Dinámicos del Centro», con el objetivo de pagar la caución de S/ 850 mil de Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado por corrupción durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín.
OTRAS INVESTIGACIONES
Además, la presidenta Boluarte está siendo investigada por peculado doloroso, ya que supuestamente no renunció a su cargo de funcionaria en Reniec para postularse como vicepresidenta del país. La renuncia a dicho cargo se hizo efectiva el 11 de abril del año pasado, y en agosto de 2022, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria al respecto.
GENOCIDIO
La Fiscalía de la Nación interrogó a la presidenta Dina Boluarte la semana pasada como parte de la investigación preliminar que sigue en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las muertes ocurridas en las protestas sociales contra su gobierno iniciadas el 7 de diciembre de 2022. En esta indagación también están incluidos el primer ministro, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Durante la diligencia, la presidenta Boluarte Zegarra optó por no responder a ciertas preguntas, según informó la abogada Gloria Cano, quien estuvo presente en el interrogatorio. Boluarte solo respondió a las preguntas planteadas por la fiscal Patricia Benavides, pero guardó silencio ante los cuestionamientos de los representantes de la Procuraduría General del Estado y de los familiares de las víctimas.
Gloria Cano, la abogada que representa a los familiares de las víctimas, destacó la actitud de la presidenta Boluarte durante la diligencia y expresó su preocupación por el incumplimiento de las declaraciones previas de la mandataria. «Ella habría señalado en la anterior diligencia que estaba dispuesta a responder a la Procuraduría y a los representantes de las víctimas si el juez así lo indicaba, el juez lo ha indicado y no cumplió con lo acordado», dijo Cano.
La investigación preliminar se encuentra en curso y continuará desarrollándose para determinar la responsabilidad de la presidenta Boluarte en relación con las muertes ocurridas durante las protestas sociales. La Fiscalía de la Nación seguirá recabando pruebas y testimonios relevantes antes de tomar una decisión sobre si se procede o no con un juicio formal contra la mandataria.
La Presidencia de la República se mantendrá atenta a los avances en las investigaciones y reiterará su compromiso con el respeto a la ley y la transparencia en todas las instancias del gobierno.
Según el artículo 117 de la Constitución, la presidenta Dina Boluarte está protegida de ser acusada durante su mandato, excepto por los delitos contemplados en dicho artículo. Una vez finalizado su mandato, tendrá la prerrogativa de antejuicio político durante cinco años.
Dina Boluarte asumió la presidencia del país, luego que el Congreso de la República vacara al presidente Pedro Castillo, por incapacidad moral, por el fallecido el cierre del parlamento y declarar el estado de excepción de manera inconstitucional.
