A partir de este viernes 9 de mayo entra en vigencia el toque de queda en la provincia de Pataz, en La Libertad, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La medida, establecida en el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, fue publicada en el diario oficial El Peruano y forma parte de la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 30 días calendario.
Durante este periodo, el control del orden interno queda a cargo de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, quedan suspendidos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
“Es imperativo devolver la tranquilidad a Pataz, azotada por la violencia derivada de la minería ilegal. Por esa razón el Gobierno nacional ha dispuesto la extensión del estado de emergencia en la provincia y ha incluido medidas adicionales y extraordinarias orientadas a hacer frente al accionar de grupos hostiles que han derramado la sangre de peruanos inocentes”, declaró el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
La norma exceptúa del toque de queda al personal indispensable para la prestación de servicios esenciales como salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, seguridad, limpieza, recolección de residuos sólidos, funerarias y servicios conexos. También se permite el desplazamiento peatonal o en vehículo particular de personas que requieran atención médica urgente o deban adquirir medicamentos, así como la atención en farmacias y boticas.
Suspensión de actividades mineras
El decreto supremo dispone además la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito para el desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba.
La norma establece que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume el Comando Unificado en la provincia, y deberá presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos a los titulares de los ministerios de Defensa e Interior, dentro de los cinco días posteriores al término del estado de emergencia prorrogado.
