La Fiscalía considera que Pizán jugó un papel clave en el encubrimiento de Rodríguez, administrando sus bienes y asesorándolo en su huida y en cómo responder a la prensa.

‘Cuchillo’ habría pagado a periodista para limpiar su imagen tras matanza en Pataz, según chats revelados

Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto autor intelectual de la masacre que dejó 13 trabajadores mineros muertos en Pataz, habría desembolsado 20 mil soles a un hombre de prensa con el objetivo de mejorar su imagen pública. Así lo reveló un informe de Cuarto Poder, basado en conversaciones de texto entre Rodríguez y su exabogada Liliana Pizán.

Los mensajes, intercambiados durante su estadía en Colombia tras huir del país, dan cuenta de que “Cuchillo” mantenía contacto constante con Pizán. En estos diálogos no solo abordaban temas legales, sino también estrategias para transferir bienes, encubrir sus actos y preparar respuestas ante los medios. En uno de los textos, Rodríguez afirma: “Estoy que lo pago a la prensa para nuestro favor. Él mismo puso su precio… el del canal”, lo que indicaría un presunto soborno a un periodista.

La exdefensora legal, actualmente con prisión preventiva por 24 meses, le pedía mantener el vínculo en reserva para evitar ser vinculada al caso. “No digas que soy tu abogada, mientras menos sepan, mejor. Ya te dije, ten cuidado con lo que cuentas”, se lee en uno de sus mensajes.

Las autoridades también investigan transferencias vehiculares y movimientos de dinero coordinados por ambos. Entre ellos, la venta de un auto valorizado en más de 14 mil dólares que Rodríguez intentó poner a nombre de terceros para evitar su rastreo.

Actualmente, Rodríguez se encuentra detenido en Medellín, Colombia, con una orden de prisión preventiva por 36 meses mientras se procesa su extradición al Perú. La Fiscalía sostiene que tanto él como Pizán intentaron desviar la atención de la masacre responsabilizando a otras organizaciones criminales, como ‘La Gran Alianza’, ‘Los Cuevas’ y ‘Los Pulpos’.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades peruanas recopilan pruebas que podrían fortalecer las acusaciones por crimen organizado, encubrimiento y corrupción.