Tras la violenta masacre ocurrida en la provincia de Pataz, que dejó más de una decena de fallecidos y evidenció el recrudecimiento del crimen organizado en zonas mineras del país, el gobierno anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la zona por 30 días. Si bien la medida busca facilitar las investigaciones y restablecer el orden, sus consecuencias económicas ya generan una fuerte preocupación regional.

De acuerdo con Francisco Huerta, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, la paralización afecta directamente a tres de los principales distritos productores de oro del país: Tayabamba, Pataz y Parcoy, donde operan las empresas mineras Caravelí, Poderosa y Horizonte. Estas zonas representan casi la mitad de la producción aurífera regional y alrededor del 15% de la producción nacional.

«La suspensión por 30 días implicará una merma en la producción de aproximadamente 1,2 toneladas métricas de oro, con una pérdida directa de más de 11 mil empleos, sin contar los empleos inducidos», detalló Huerta. Además, se prevé una caída en las exportaciones por cerca de US$ 110 millones y una reducción de US$ 16 millones en inversión minera.

Impacto económico por suspensión minera en Pataz (30 días)

Afectación	Detalle
Producción de oro	Reducción de aproximadamente 1,2 toneladas métricas
Exportaciones	Pérdida estimada de US$ 110 millones
Empleos directos	Más de 11,000 puestos perdidos
Canon, regalías y derechos de vigencia	Reducción de aproximadamente S/ 15 millones
Inversión minera	Disminución de US$ 16 millones
Servicios locales afectados	Transporte, alimentación, hospedaje, entre otros
Producción regional y nacional	Representa casi 50% de la producción regional y 15% de la nacional
Riesgo de ampliación	Posibilidad de extensión por otros 30 días o más, agravando el impacto

Millones en pérdidas

La afectación también alcanza al ámbito fiscal, con una disminución estimada de S/ 15 millones en canon, regalías y derechos de vigencia. Los sectores de servicios como alimentación, transporte y alojamiento, altamente dependientes de la actividad minera, ya sienten el golpe de la paralización.

El decano advirtió además que el escenario podría empeorar si el gobierno decide ampliar la suspensión por otros 30 días o más, generando un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y compromete el crecimiento económico de toda la región.

«El gobierno debe intervenir de manera consistente e integral. Los beneficios de estas medidas deben superar los costos que ahora estamos asumiendo. Hay escepticismo sobre los resultados, pero confiamos en que esta vez el Ejecutivo actúe con eficiencia», concluyó Huerta.

No sería la mejor medida

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, criticó duramente las medidas tomadas por el gobierno tras la masacre de 13 mineros en Pataz, calificándolas de insuficientes y mal orientadas. Afirmó que la suspensión de actividades mineras por 30 días castiga a las empresas formales, mientras que la minería ilegal continuará sin restricciones, ya que “no tiene que acatar nada”. Esto, advirtió, genera un desbalance que debilita aún más la legalidad.

Herrera también se pronunció sobre los Reinfo suspendidos, señalando que se han convertido en un “pasaporte para la ilegalidad” ante la falta de fiscalización. Cuestionó el valor del toque de queda, considerándolo solo un paliativo, y pidió una presencia estatal sostenida, como una base permanente similar al modelo del VRAEM.

Además, criticó la ausencia de control sobre el transporte del oro ilegal, y fue enfático al decir que si el Estado no actúa, es porque “no quiere o porque alguien lo permite”. Finalmente, expresó escepticismo sobre la capacidad del actual gobierno para enfrentar el problema: “La situación se ha deteriorado mucho y se necesitan medidas durísimas, no para matar, pero sí para controlar de verdad”.