La construcción, que debía culminarse en octubre de 2014, quedó con solo un 35.89 % de avance y lleva más de una década paralizada.

Contraloría revela pérdida de más de S/ 2.1 millones en obra abandonada de la Facultad de Derecho de la UNT

Diez años de abandono, más de S/ 2.1 millones perdidos y ningún responsable sancionado hasta ahora. La Contraloría General de la República ha revelado un escandaloso perjuicio económico en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), a raíz de la obra inconclusa para la mejora de la infraestructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ejecutada hasta octubre del 2014.

El Informe de Control Específico N.° 033-2024-2-0222-SCE concluye que la obra no solo quedó paralizada con apenas un 35.89 % de avance real (cuando debía haberse culminado al 100 %), sino que además se pagaron valorizaciones millonarias por trabajos deficientes, incompletos o, sencillamente, inexistentes.

¿Cómo se permitió semejante despropósito?

Dos exfuncionarios de la UNT (gestión 2013-2015) otorgaron conformidades y tramitaron pagos sin verificar el cumplimiento del contrato ni la calidad de los materiales y trabajos. Se pagaron seis de las nueve valorizaciones sin los informes técnicos obligatorios, sin control de calidad ni respaldo de ejecución efectiva.

Como si esto fuera poco, el contratista no incorporó a tres de los siete profesionales propuestos, y varios trabajos fueron realizados fuera de plazo o de manera deficiente: desde instalaciones sanitarias hasta partidas completas que jamás se ejecutaron en los tiempos establecidos.

El daño es irreversible. Dos informes técnicos recientes –uno de un consultor en 2022 y otro de la propia Escuela de Ingeniería Civil de la UNT en 2023– recomiendan la demolición total de lo construido. Lo que debía ser un moderno complejo académico con 13 aulas, oficinas administrativas, auditorio y servicios higiénicos, hoy es un monumento al abandono y la corrupción.

La Contraloría ha remitido el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra dos exfuncionarios y tres integrantes del consorcio ejecutor de la obra. Mientras tanto, la comunidad universitaria y la ciudadanía exigen respuestas, justicia y, sobre todo, sanciones ejemplares.