En medio del trajín administrativo del Gobierno Regional de La Libertad, una alerta encendió las luces rojas en los despachos de control. Cinco proyectos que recibieron fondos del programa Procompite 2023 están hoy en la mira de la Contraloría General de la República. La razón: fueron declarados ganadores sin cumplir las condiciones básicas del concurso.
Las cifras no pasan desapercibidas. De los más de 25 millones de soles asignados para impulsar la competitividad en la región, 1.4 millones habrían ido a parar a manos de empresas y asociaciones que, según los informes, no debieron pasar el filtro.
Uno de los casos llama especialmente la atención. Dos empresas textiles de Trujillo obtuvieron apoyo económico sin contar con la antigüedad mínima exigida. A ello se suma una asociación agrícola sin las ventas suficientes, una organización de porcicultores que ni siquiera estaba activa legalmente, y una cevichería que presentó un plan de negocio tan incompleto como cuestionable.
La historia no termina ahí. Según el informe de la Contraloría, funcionarios de la Gerencia Regional de la Producción habrían permitido estas aprobaciones pasando por alto las reglas. Ahora, no solo se investiga el posible perjuicio económico, sino también si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En los pasillos del gobierno regional ya se respira tensión. Los informes de control, numerados y detallados, han sido enviados al gobernador y están disponibles para todo aquel que quiera verlos en la página de la Contraloría.
Mientras tanto, en la región, muchos productores que sí cumplen con los requisitos observan con frustración cómo, una vez más, las oportunidades pueden haberse repartido con criterios más políticos que técnicos. La pregunta que queda en el aire: ¿quién responde cuando los recursos públicos se asignan sin rigor?
