El Consejo Regional de La Libertad solicitó formalmente al Gobierno central la modificación o derogatoria del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, al considerar que su aplicación tendría un impacto significativo en la provincia de Pataz, especialmente en las actividades de minería artesanal.
Durante una sesión ordinaria, la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, indicó que la posición adoptada responde tanto a un análisis político como legal. “Como órgano legislativo regional, tenemos el deber de manifestarnos frente a lo que sucede en nuestro territorio”, señaló. Agregó que el Consejo emitirá un pronunciamiento institucional que será enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El Decreto Supremo 060-2025-PCM fue emitido recientemente por el Ejecutivo en el marco de medidas de seguridad y orden interno. Sin embargo, autoridades regionales han expresado su preocupación por las posibles repercusiones económicas y sociales, sobre todo en sectores que dependen de la pequeña minería.
Más pronunciamientos
En representación de la provincia de Pataz, el consejero Frank Solórzano informó que se ha desarrollado una mesa de diálogo con autoridades locales y representantes de los ministerios de Defensa y Energía y Minas. “La aplicación del decreto debe considerar las particularidades de cada distrito, ya que las condiciones no son uniformes en toda la provincia”, afirmó.
Por su parte, el consejero Luis Rodríguez señaló que gran parte de la población de Pataz depende de la minería artesanal como fuente principal de ingresos, y que una paralización de estas actividades podría afectar a miles de familias.
Según indicó, se están elaborando informes dirigidos a diversas entidades nacionales, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de solicitar una evaluación técnica y legal del decreto.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento en respuesta a la solicitud del Consejo Regional. La norma sigue vigente.
