El 08 de mayo del año 2019, hace aproximadamente 5 años, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30942, ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ), integrado, de manera indelegable, no solo por los titulares de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, sino también por los titulares de los demás Poderes del Estado y organismos constitucionales.1
Conforman este colegiado del más alto nivel el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el contralor general de la República y el defensor del pueblo.
La ley visibilizaba (en el año 2019) la voluntad política del Poder Legislativo, y así lo dice su artículo 3, de impulsar, una vez más, la reforma del sistema de justicia, y formular los criterios para la elaboración de la política nacional de reforma del sistema de justicia.
Y ese propósito fue llevado adelante, pues a través del Decreto Supremo N° 012-2021-JUS se aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia para los años 2021-2025, constituyendo el gran esfuerzo interinstitucional para abordar la problemática del sistema de justicia, a través de 9 Objetivos Prioritarios, que genere o reavive la confianza ciudadana para lograr no solo seguridad ciudadana, sino la vigencia del sistema democrático.
El CRSJ no debe ser solamente un espacio de debate. La Política Pública está formulada y sobre esa plataforma corresponde monitorear los planes ejecutados, en su caso, sostenerlos financieramente, pues a un año de la fecha límite (2025) los esfuerzos han sido individuales, aislados.
Para graficarlo de alguna manera, algunas instituciones, por aspectos disímiles, se movilizaron en un Tico y otras en un Mercedes-Benz; esto es, se aprecia una evidente asimetría en la ejecución de los planes, que independientemente de su aplicación interna debe merecer una suma de esfuerzos interinstitucionales, para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas usuarias en relación con el servicio público recibido, como reza el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad.
Por ello, la convocatoria desde el Ejecutivo para una nueva reunión del Consejo, este 9 de enero, genera una legítima expectativa ciudadana.
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SOBRE EL RASTRO no se solidariza con las opiniones de nuestros columnistas
- Augusto Ruidías Farfán es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ↩︎
