Nuevas investigaciones periodísticas han revelado que la Unidad Ejecutora creada por el Congreso para implementar el retorno de la bicameralidad ha comprometido más de 84 millones de soles, a través de procesos contractuales poco transparentes y sin mecanismos adecuados de fiscalización.
De acuerdo con un informe difundido por el programa Cuarto Poder, parte de estos gastos fue discutido en una reunión reservada entre altos funcionarios del Parlamento y un grupo reducido de empresarios. La cita, grabada en video pero no difundida oficialmente, muestra a Enrique Fernández Paniagua, actual director de la Unidad Ejecutora, detallando que se trata solo del primero de seis procesos de contratación requeridos.
Del total comprometido, cerca de 29 millones se destinarán a trabajos de infraestructura en el Palacio Legislativo, mientras que más de 54 millones están dirigidos a la adquisición de equipos tecnológicos y mejoras en conectividad.
Pese a la magnitud de la inversión, no existe un registro claro y accesible sobre estas decisiones. Las visitas, fechas y detalles técnicos discutidos en las reuniones no han sido comunicados mediante los canales oficiales del Congreso, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
Falta de controles
Expertos como Marco Montoya, especialista en contrataciones públicas, alertan que los procedimientos adoptados por la Unidad Ejecutora no siguen los estándares habituales del Estado. Según explica, la modalidad de precalificación utilizada limita la participación de más postores y reduce el escrutinio público sobre los contratos adjudicados.
Además, el reportaje apunta que la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, habría aprobado este procedimiento especial sin implementar mecanismos de control adecuados. Se incluyen indicios de solicitudes para restringir el acceso a información y evitar fiscalización por parte de comisiones legislativas.
Contratos irregulares
El informe también denuncia que Fernández Paniagua impidió el ingreso de congresistas y periodistas a la sede de la Unidad Ejecutora, ubicada en un edificio alquilado en la avenida San Luis. Argumentó que la visita no contaba con su autorización, pese a tratarse de una inspección legítima. Cabe señalar que el funcionario fue separado previamente del Proyecto Legado por incumplimientos en obras vinculadas a los Juegos Bolivarianos 2024.
Actualmente, Fernández Paniagua percibe un salario cercano a los 20 mil soles mensuales. Bajo su gestión, la Unidad ha destinado más de un millón de soles en sueldos para apenas 46 trabajadores, sin que hasta la fecha se hayan iniciado obras físicas tangibles.
Otro punto cuestionado es el arrendamiento del local donde funciona la Unidad Ejecutora, alquilado de forma directa por 40 mil soles mensuales a un militante del partido Somos Perú. El contrato se firmó en marzo, pero las operaciones iniciaron recién en mayo, lo que implica pagos por dos meses de inactividad.
Además, diversas áreas administrativas replican funciones que ya existen dentro del Congreso, lo que podría sugerir un uso ineficiente de recursos públicos en medio de la crisis de confianza que atraviesa la institución.
