El Poder Judicial de La Libertad impuso una condena de 35 años de prisión efectiva contra Ernie Glen Álvarez Jaén, conocido como “Zander”, por su participación en una organización criminal dedicada a captar mujeres menores y mayores de edad a través de redes sociales, con fines de explotación sexual.
La sentencia fue emitida el 14 de julio por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, tras la labor investigativa del Equipo Fiscal N.º 03 de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor), liderado por el fiscal provincial Rafael Gonzales Hurtado, junto a los fiscales adjuntos Andrea Lavado Pérez, Imelda Sifuentes López y José Quispe Lozano.
Captación bajo engaños
Las investigaciones revelan que entre 2015 y 2017, la red criminal conocida como “Colegialas” utilizó perfiles falsos en Facebook con los nombres “Zander Montalvan” y “Alexander Akatzuka” para contactar a sus víctimas. Ofrecían regalos o dinero a cambio de participar en supuestos castings, solicitándoles fotografías íntimas.
Luego, las convencían para asistir a falsas audiciones en lugares específicos, donde eran entregadas a terceros para encuentros sexuales. Durante estos contactos, los delincuentes se apoderaban de los teléfonos de las víctimas y eliminaban cualquier evidencia.
Un operativo policial permitió incautar una memoria USB que contenía más de 70 carpetas con material fotográfico de contenido sexual, en muchos casos con imágenes de menores de edad, lo cual fortaleció los cargos del Ministerio Público.
Delitos y sanción
Gracias a la denuncia de una de las escolares captadas, se inició una investigación que incluyó análisis periciales, interceptaciones telefónicas y estudios morfológicos. Así se logró identificar a varias víctimas, entre ellas menores de entre 12 y 16 años, y mujeres mayores de hasta 24 años.
El sentenciado fue hallado culpable de los delitos de integración a organización criminal (8 años), trata de personas con fines de explotación sexual (más de 35 años) y pornografía infantil (10 años). Bajo el concurso real de delitos, la pena final establecida fue de 35 años de prisión efectiva, además del pago de multas y reparación civil a favor del Estado y las víctimas.
