La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe sobre la situación en Perú en el contexto de las protestas ocurridas en diciembre del año pasado. Según el informe, al menos 57 personas perdieron la vida, varias de ellas por el uso excesivo de las fuerza pública.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Este informe se basa datos proporcionada por diversos actores, incluidas organizaciones de la sociedad civil, y en las observaciones realizadas por una delegación de la CIDH durante su visita al país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo dos visitas al Perú, una en diciembre del año 2022 y otra en enero del presente año, con el objetivo de evaluar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas que se llevó a cabo en el país. Durante este periodo, se registraron un total de 477 manifestaciones en el territorio nacional.
En el informe, la CIDH también destaca la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica en Perú, y llama la atención sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
¿EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES?
Según el informe de la CIDH, la respuesta de las fuerzas estatales a las protestas no fue uniforme en todo el país y se produjeron graves episodios de uso excesivo de la fuerza. La Comisión subrayó que las autoridades deben investigar de manera efectiva y transparente todas las muertes y lesiones sufridas por manifestantes.
La CIDH ha determinado que la mayoría de las personas fallecidas y heridas durante las protestas en Perú fueron víctimas del «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza» por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
A su vez, indicaron que las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
En base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política.
Además, indican que «las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial del país, no ser estigmatizadas, ser consultados sobre los proyectos extractivos que pueden tener impacto considerable en su territorio, y que la riqueza que estos generan se distribuya equitativamente.».
A su vez indicaron que las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, estas violaciones de derechos humanos deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso.
La CIDH ha dejado en claro que su informe no tiene como objetivo determinar responsabilidades individuales, sino mostrar la situación y las posibles violaciones a los derechos humanos durante los eventos. Enfatizó que la determinación de responsabilidades individuales recae en las entidades fiscales y judiciales del país.
MASACRE EN AYACUCHO
Los resultados de la violencia en Ayacucho fue uno de los puntos que más preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde indica que se registraron «graves violaciones de derechos humanos, por lo tanto, deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial».
También dijo que en algunas de las muertes en Ayacucho se podría sospechar de «ejecuciones extrajudiciales» perpetradas por agentes del Estado, dado que el número de fallecidos, «podría calificarse como una masacre» debido a las «circunstancias de modo, tiempo y lugar».
El informe narró que el 15 de diciembre del 2022, durante las protestas en Ayacucho, soldados del Ejército dispararon sus fusiles contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales del cuerpo, según las necropsias.
La CIDH añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto “ya no en un operativo de defensa sino de carácter persecutorio… que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a heridos”.
TERROR EN JULIACA
En cuanto al caso Juliaca (Puno), el comité consideró que en la “complicada situación de violencia” que se inició en los alrededores del aeropuerto, “agentes estatales hicieron un uso excesivo y arbitrario de la fuerza, lo que derivaría en graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes y terceros”.
Este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles -incluidos manifestantes, un médico brigadista y una adolescente transeúnte- “en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre”. “Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”.
La CIDH también percibió una “fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina” y añadió que existe “una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a indígenas y campesinos como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”. Agregó que “estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional».
RESPUESTA DE DINA BOLUARTE
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses se produjeran «ejecuciones extrajudiciales» y una «masacre», tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.
«Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.
Boluarte saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el estado de derecho en dicha fecha.
RECOMENDACIONES AL PERÚ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de recomendaciones para el Estado. Estas son:
- La CIDH insta al Estado a garantizar que las reparaciones para las víctimas sean integrales ya investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Además, ofrece su asistencia técnica para estas multas.
- La comisión también propone la implementación de una estrategia de diálogo con enfoque étnico y territorial, asegurando la participación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. En relación al accionar policial y militar, se recomienda adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en las manifestaciones y protestas, para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas.
- En el plano institucional, la CIDH sugiere al Estado peruano abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, y delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, definiendo clara y objetivamente las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias.
- Por último, la CIDH se pone a disposición del Estado para brindar la cooperación técnica necesaria para implementar estas recomendaciones, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento.
