El expresidente Alejandro Toledo finalmente enfrentó a la justicia seis meses después de su extradición desde Estados Unidos por el caso Odebrecht. Tuvo que responder por las acusaciones del presunto soborno de US$35 millones de dicha empresa y sus consorciadas a cambio de beneficiarlos en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.
Toledo había estado evadiendo a la justicia huyendo del país en el 2017 y luego interpuso todos los recursos posibles para evitar su extradición de Estados Unidos.
Desde una sala de audiencias del penal Barbadillo, el exmandatario se vio en la obligación de responder ante las acusaciones de colusión y lavado de activos en su contra por la presunta licitación irregular de la obra que llevó a ejecución la Carretera Interoceánica en sus tramos 2 y 3.
Ante ello, la fiscalía ha solicitado una pena de 20 años y 6 meses de cárcel para el líder del partido Perú Posible. Ante la justicia también deberá responder su exjefe de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On. Del mismo modo, exmiembros del Comité de Proinversión, Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; los exrepresentantes de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone; así como el exrepresentante de la empresa Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey.
José Graña y Hernando Graña estuvieron inicialmente incluidos en las acusaciones, pero fueron retirados luego de llegar a un acuerdo de colaboración eficaz. Las empresas implicadas en este caso aún se encuentran en la etapa de investigación preparatoria, por lo que no han sido incluidas en el juicio oral.
En la sesión, que se llevó a cabo sin la presencia de medios de prensa, se rechazó la solicitud de Su, abogado de Toledo, para que el expresidente estuviera físicamente a la sala de audiencia.
SUSTENTACIÓN DEL CASO
Durante una maratónica sesión, que duró más de seis horas, la fiscalía presentó un relato detallado de la presunta intervención ilícita de Alejandro Toledo y como habría causado un perjuicio de US$403′724,042.00.
Según la fiscalía, la línea temporal de los supuestos actos de corrupción se realizó entre el 2004 al 2006.
Además de ello, se indicó que a través de diversos hechos y documentos se demostrará cómo Toledo participó en la fase de la pre-inversión, en la conformación del Consejo Directivo para la selección y buena pro, y cómo con sus decisiones adoptadas en su rol de presidente del Perú habría facilitado el direccionamiento del megaproyecto.
El fiscal José Domingo Pérez explicó que exmandatario tenía un interés personal por el proyecto, lo cual lo llevó a tomar decisiones sin importar que estas no sean de interés nacional. Mientras que Camet Piccone, Castillo Dibos y Ferraro Rey fueron beneficiados a través de las ganancias dividendos y utilidades.
Indicó que en el juicio se presentarán testigos como Jorge Barata, exdirector de la empresa Odebrecht en Perú y José Alejandro Graña, de Graña y Montero, para narrar “cómo fue el pacto colusorio entre Toledo” para que las empresas brasileñas y peruanas ganen el proceso a cambio de un soborno.
También mencionó la participación de Pedro Pablo Kuczynski como exministro de Economía; José Ortíz Rivera como exministro de Transporte; Rómulo Peñaranda, ex representante de Consorcio Vial Sur a cargo de los estudios de factibilidad; y otros que señalarán el interés de Toledo en acelerar la obra.
“Se aligeró la rigurosidad legal, técnico y económicas obligatorias para dar en concesión la obra de mayor envergadura de nuestro país en aquel entonces. Vendrá auditores y peritos a decirnos que no hubo sustento técnico, económico y estudio definitivo para otorgar la concesión al sector privado sobre el proyecto Interoceánica Sur”, dijo.
Por ello, afirmó que, por acción y voluntad de Toledo, se aprobó el proyecto en el que el Estado le pagaría a Odebrecht y las consorciadas una cifra inicial de US$ 852 millones. Y, por gastos de mantenimiento, operación y supervisión, otra cifra aproximadamente US$28.7 millones.
También se evidenciará que el proyecto no cumplía con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, además de que la empresa brasileña y sus consorciadas no se encontraban preparadas para contratar con el Estado por tener procesos judiciales en curso.
Otra prueba importante será la presentación de la declaración y elementos aportados por el empresario y amigo de Toledo Josef Maiman, lo cual probaría cómo el exmandatario le pidió usar sus cuentas bancarias para recibir el dinero del presunto soborno de Odebrecht.
Según explicó el fiscal, las empresas de Maiman recabaron US$28′699,639.08 millones y 1′225,584.06 millones de euros, procedentes de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Esta luego le pediría a sus consorciadas la devolución de lo entregado como coima a través del reparto de utilidades.
Finalmente, el dinero que se recibió de la empresa brasileña fue transferido a otras off shore en Costa Rica, que es materia del segundo juicio en reserva contra Toledo Manrique por el Caso “Ecoteva”.
La sesión judicial se realizó sin la participación de medios de prensa, lo que generó críticas y cuestionamientos por parte del fiscal Pérez. El tribunal alegó problemas de espacio en la sala de audiencias y razones de «salud» para justificar esta decisión.
LA DEFENSA DE TOLEDO
Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, negó las acusaciones argumentando que el proceso se construyó sobre una “fábula” y testimonios de colaboradores eficaces.
“La pregunta es: ¿va a poder probar la fiscalía que Alejandro Toledo se coludió con Jorge Barata, aquel 4 de noviembre del 2004? ¿Va a poder probar que Alejandro Toledo es el beneficiario de los 30 millones de dólares que dice haber recibido a través de Ma|iman?”, cuestionó.
De este modo, reiteró que el exmandatario tuvo reuniones con las empresas vinculadas como parte de su deber como presidente de la Republica en ese entonces.
“Este proceso va a demostrar que Toledo no tuvo ninguna participación en los acuerdos colusorios, que no tuvo participación como beneficiario, ni intermediario, ni tampoco como administrador del proceso de la ruta del dinero”, indicó Su.
Afirmó que existe un “defecto” en la acusación por lo que no podrán probar que la ruta del dinero lleve a su patrocinado. Además, indicó que se probará que Josef Maiman, quien falleció en octubre del 2021, era quien disponía del dinero que le entregó Odbrecht sin participación del exmandatario.
Los abogados de los otros imputados también negaron las acusaciones y argumentaron que no se podrá probar su participación en actos de corrupción.
